LOS MÁRTIRES SALESIANOS DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (1936-1938)

 

Pablo Marín Sánchez

 

A modo de introducción

 

Un millón de muertos [1], es el título de (una)  la conocida novela de un autor español ya fallecido, José María Gironella; la segunda de una trilogía, iniciada con la publicación en 1953 de otra novela, no menos conocida y leída también, titulada Los cipreses creen en Dios, y completada con una tercera que lleva por título Ha estallado la paz. La segunda novela de la trilogía, concretamente, narra las peripecias de los miembros de una familia a lo largo de la Guerra Civil española (1936-1939), ilustrando los lances tanto dramáticos como emotivos en relación con los dos bandos contendientes: el republicano o de los fieles a la República legítimamente constituida y el de los sublevados o también llamado “bando nacional”. ¿Por qué traemos a colación, aquí y ahora, estas tres novelas y, sobre todo, la segunda de la trilogía? Hemos recordado los tres títulos de estas novelas porque, en conjunto e individualmente, tienen como tema de fondo la Guerra Civil española de 1936-1939; hemos querido iniciar este trabajo haciendo referencia particularmente a la segunda novela de la trilogía, porque su título presenta una cifra total de muertos en la contienda de los años treinta del siglo XX en España que, tanto entre los vencedores como entre los vencidos y, sobre todo, durante unos cuantos años de los casi cuarenta que duró la dictadura franquista, tendría bastante aceptación.

 

La cifra de un millón de muertos en la Guerra Civil española que viene recogida en el título de la mencionada novela, no parece que fuera este autor quien la pusiera en circulación por primera vez en el país ibérico. En efecto, el origen de una cifra de tanto impacto parece estar más bien en una carta pastoral del cardenal Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, quien el 30 de enero de 1937[2] se hacía eco de un rumor aparecido en la zona nacional según el cual una guerra que había producido ya un millón de víctimas. Unos meses más tarde, el episcopado español, liderado por el mencionado cardenal Gomá, en su carta colectiva del 1 de julio de 1937, aceptaba como un hecho  “la pérdida de más de un millón de españoles, con el desgarro que ello ha producido en el alma nacional”[3].

 

Que el enfrentamiento entre españoles de 1936-1939 había producido muchos muertos era algo innegable. Que el número de muertos hubiera sido de un millón, resultaba, sin embargo, una cifra que, para poder presentarla a la historiografía y al gran público con un mínimo de fiabilidad, aunque sólo fuera provisional, necesitaba tener detrás contar con el apoyo de toda una serie de estudios históricos científicos y rigurosos que, al menos hasta el momento de la aparición de la novela de tan impactante título, o no se tenían con esas características que acabamos de apuntar o, simplemente, permanecían en el anonimato. No obstante, y quizás por impulso, entre otros, de la novela misma, pronto aparecerían esos estudios y, por supuesto, matizando y rectificando a la baja la redonda y rotunda cifra de un millón de muertos, con la que José María Gironella había titulado la segunda novela de su trilogía sobre la Guerra Civil española (1936-1939).

  

 Han pasado ya casi sesenta años desde el final de la Guerra Civil española de 1936-1939 y no parece que entre sus estudiosos haya aún acuerdo sobre el total de muertos de la contienda. El debate sobre tan polémico asunto continúa. Para unos, la cifra total aproximada de muertos “de una guerra de cerca de mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española”[4], fue de 600.000. Para otros, la hecatombe de 1936-1939 no produjo más de 300.000[5].

 

A tenor de las manifestaciones y pronunciamientos de determinados grupos ideológicos contrarios, con motivo de la, por el momento, última ceremonia de beatificación de mártires españoles, el 28 de octubre de 2007, tampoco parece que se tenga clara la distinción que, según algún estudioso, hay entre los muertos de un enfrentamiento de carácter civil como el español de 1936-1939.

 

Es Vicente Cárcel Ortí el que, a este respecto, sentencia en una de sus obras más recientes,

 

“todos los muertos no son iguales, aunque los crímenes son igualmente detestables y condenables cualquiera que sea quien los cometa”[6].

 

                Para este historiador de la persecución religiosa en España, de reconocido prestigio,

 

“La memoria de nuestra reciente historia -española- tiene muchas caras y una de ellas es, ciertamente, la del sacrificio de miles de católicos. Desconocida casi por completo fuera de España hasta que comenzaron las primeras beatificaciones hace 20 años, ha adquirido de nuevo gran actualidad a raíz de la beatificaciones de 498 mártires, el 28 de octubre de 2007.

 

            Todos ellos murieron durante la mayor persecución que ha conocido la historia de la Iglesia con cerca de diez mil mártires de la fe, que no deben confundirse con los soldados caídos en los campos de batalla de los dos bandos contendientes, ni tampoco con los civiles inocentes, víctimas de la represión política, que fue muy dura durante la guerra, tanto en la zona republicana como en la nacional, y lo fue durante varios años más una vez terminado el conflicto por parte del nuevo régimen” [7].

 

            Obviando, pues, a los caídos en los campos de batalla durante la guerra, y a las víctimas de la represión política en uno y otro bando, durante y después del conflicto – desde el título está claro que quedan fuera del objetivo de nuestro trabajo-, en estas páginas nos centraremos exclusivamente en los mártires de la fe del siglo XX en España, esto es, en todos los hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que, en los años treinta del siglo pasado murieron en el país ibérico, por amor a Jesucristo y en defensa de la religión y de la fe cristianas, entre ellos un grupo numeroso de miembros de la Familia Salesiana española. A propósito de tantos testigos de la fe, nos parece conveniente hacer notar ya que es impropio llamarlos mártires de la Guerra Civil, aunque la inmensa mayoría de ellos murieran durante la misma. Lo propio es llamarlos mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX, porque

 

“mártires de la Guerra Civil, [...] es inexacto cronológica y técnicamente. Las guerras tienen caídos en uno y en otro bando. Las represiones políticas tienen víctimas, sean de uno o de otro signo. Sólo las persecuciones religiosas tienen mártires, sean de una o de otra ideología, de una o de otra preferencia –o pertenencia- política o incluso de distintas confesiones religiosas”[8].

 

                 Los primeros datos serios y fiables, sobre el número total de mártires de la persecución religiosa en España, los proporcionó el hoy arzobispo emérito de Mérida-Badajoz monseñor Antonio Montero Moreno, el cual, en su tesis doctoral sobre la persecución religiosa en España[9], señala que la cifra total de muertos por odio a la fe durante la Guerra Civil (1936-1939), es de 6.832, contabilizados así: 4.184 pertenecientes al clero secular, 2.365 religiosos y  283 religiosas. Entre el clero secular se incluyen 12 obispos, el administrador  apostólico de la diócesis de Orihuela y un centenar de seminaristas.

 

            Por diócesis, la más castigada proporcionalmente fue la de Barbastro -perdió el 88% de su clero- y en cifras absolutas la de Madrid-Alcalá -334- seguida muy de cerca por Valencia -327-, Tortosa -316- y Barcelona -279-. La familia religiosa masculina que más víctimas aportó fueron los claretianos -259-, seguidos de los franciscanos -226- y escolapios -204-. Entre las religiosas destacan las adoratrices y las carmelitas de la caridad, ambas congregaciones con 26 víctimas.

 

            En otro estudio posterior[10], realizado con motivo de la preparación de un catálogo de los mártires del siglo XX, solicitado por el Papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del año 2000[11], el historiador Vicente Cárcel Ortí, arriba mencionado, da, sin embargo, la cifra de 10.000  mártires españoles asesinados en el mismo periodo. Los datos se desglosan así: doce obispos, un administrador apostólico, cerca de 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas, y –lo nuevo respecto a ls cifras apuntadas por Antonio Montero- en torno a 3.000 seglares, la mayoría de ellos pertenecientes a la Acción Católica.

 

1. Los mártires españoles del siglo XX beatificados y canonizados

           

De los más de 6.000 mártires del siglo XX en España, han sido ya beatificados 977 y, de éstos,  han sido ya canonizados 11.

 

El asunto de los mártires es, como sabemos, algo muy serio en la Iglesia. Por eso, el derecho a reconocer a un miembro de la misma como tal, primero beato y luego santo, –con el culto público correspondiente- se reserva a la Santa Sede desde la segunda mitad del siglo XI. Mediante el acto oficial de la beatificación el Papa autoriza a que un cristiano mártir sea venerado públicamente en las Iglesias locales. Con el acto de la canonización, en cambio, el Sumo Pontífice establece que un beato mártir sea honrado como santo en toda la Iglesia. A la beatificación no se llega sino después de realizar un largo y riguroso proceso, con diferentes etapas, durante el que, en base a testigos de primera mano o a documentos auténticos y exhaustivos, queda aclarado que el presunto mártir ha muerto violentamente (elemento material); que su muerte violenta se la ha producido un agresor distinto de él (elemento personal); que dicho presunto mártir ha sido inmolado por motivos de fe, o por una virtud moral referible y referida a la fe en Dios (elemento formal) y que éste ha aceptado la muerte a sabiendas de que es víctima del odio antirreligioso, sufriéndola con fortaleza y sentimientos de perdón (elemento moral o psicológico).

 

Respecto de los procesos de beatificación de los mártires del siglo XX en España, que varias diócesis españolas habían solicitado a la Santa Sede, es sabido que, después de haber consultado al episcopado español, el Papa Pablo VI decidió suspenderlos en 1964. Con ello se quería evitar que hubiera interpretaciones políticas que instrumentalizaran el enfoque esencialmente religioso del hecho martirial. Pero, hacia 1980, la Santa Sede pensó que la situación comenzaba a cambiar y que ya no era tan fácil que se dieran aquellas interpretaciones. En 1983, el Papa Juan Pablo II dispuso que los procesos ya iniciados en las diversas diócesis españolas siguieran su camino. Y, efectivamente, no tardó mucho en llegar la primera solemne beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX[12].      

 

Conforme a los datos presentados por la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española[13], las primeras religiosas mártires beatificadas fueron tres carmelitas descalzas de Guadalajara, el 29 de marzo de 1987. Siguieron, el 1 de octubre de 1989, 26 religiosos pasionistas de Ciudad Real. En tercer lugar fue beatificada, el 29 de abril de 1990, una religiosa de la compañía de Santa Teresa de Barcelona, junto con 9 hermanos de La Salle y un sacerdote pasionista. Estos fueron los diez primeros mártires españoles del siglo XX canonizados por el Papa Juan Pablo II en Roma el 21 de noviembre de 1999.

 

El 25 de octubre de 1992, en la cuarta ceremonia, el Papa Juan Pablo II beatificó a 122 mártires: 71 religiosos hospitalarios de San Juan de Dios de Madrid y Barcelona, y 51 misioneros hijos del Corazón de María, de Barbastro. La quinta beatificación agrupó a 10 mártires en 3 causas: los de Almería con los Obispos de la diócesis almeriense y de Guadix y 7 hermanos de las Escuelas Cristianas, el sacerdote Pedro Poveda, de Madrid ( undécimo y último –por ahora- mártir canonizado por el Papa Juan Pablo II, en la capital de España, el 4 de mayo de 2003), y una maestra de la Institución Teresiana con la causa iniciada en Córdoba. Siguió a ésta la beatificación de 45 mártires agrupados en 6 causas, el 1 de octubre de 1995: el obispo de Teruel y su secretario, tres religiosos marianistas de Ciudad Real, 13 clérigos escolapios de Lleida y otras diócesis, 9 sacerdotes operarios diocesanos en una causa de Toledo, 17 religiosas de la Congregación de la Doctrina Cristiana de Valencia y un laico también de Valencia.

 

En la séptima ceremonia, el 4 de mayo de 1997, fueron beatificados 2 mártires, ambos de Barbastro: el obispo y un laico. La octava, el 10 de mayo de 1998, fue de 10, en 3 causas de Madrid: las 7 monjas de la visitación de Santa María (salesas), una carmelita descalza y dos hermanas de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús. El 7 de marzo de 1999, en la novena ceremonia de beatificación de mártires de la persecución religiosa en España durante los años treinta del siglo XX, fueron beatificados 7 agustinos recoletos y un sacerdote diocesano de Madrid y Granada.

 

El 11 de marzo de 2001, en la décima ceremonia de beatificación, el Papa Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de 17 causas, 15 de Valencia –una de ellas junto con Madrid-, una de Barcelona y otra de Lleida; entre todas ellas un total de 39 sacerdotes diocesanos, 18 dominicos, 4 franciscanos, 6 franciscanos conventuales, 31 capuchinos, 5 capuchinas, una agustina, 11 jesuitas, 30 salesianos y 2 hijas de María Auxiliadora, un dehoniano, 6 hermanos de las escuelas cristianas y 24 carmelitas de la caridad, un servita, 6 escolapios, una misionera claretiana, 2 hermanitas de los ancianos desamparados, 3 terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y 42 laicos, 38 de ellos de Acción Católica. La penúltima ceremonia –dos causas-, tuvo lugar en Roma el 29 de octubre de 2005: una religiosa celadora y 7 sacerdotes diocesanos de Urgell.

 

La duodécima –y por el momento última- ceremonia de beatificación de mártires españoles del siglo XX, se ha celebrado en Roma el 28 de octubre de 2007. En esta ocasión han sido beatificados 498 mártires pertenecientes a 23 causas cuya ponencia –positio- había sido entregada en la Congregación vaticana para las Causas de los Santos antes de 1997. El número total de mártires beatificados en esta duodécima ceremonia -498- es casi igual al de todos los mártires beatificados hasta el momento: 468, exceptuando los 11 ya canonizados (9 hermanos de La Salle, un sacerdote pasionista y el sacerdote diocesano fundador de la Institución Teresiana, Pedro Poveda Castroverde)[14].

 

Entre los mártires del siglo XX en España, beatificados el 27 de octubre de 2007, hay 2 obispos (Cuenca y Ciudad Real), 24 sacerdotes diocesanos, 462 miembros de institutos de vida consagrada (religiosos y religiosas), 1 diácono, 1 subdiácono, 1 seminarista y 7 laicos.

 

Los mártires de institutos de vida consagrada beatificados en la ceremonia del 28 de octubre de 2007 son: agustinos, dominicos, hermanos de las escuelas cristianas, hermanos maristas de la enseñanza, carmelitas descalzos, franciscanos, adoratrices esclavas del Stmo. Sacramento y caridad, carmelitas, dominicas, trinitarios, carmelitas misioneras, misioneros de los Sagrados Corazones, marianistas, misioneras hijas del Corazón de María, franciscanas hijas de la misericordia, orden de Santo Domingo-religiosas de clausura, hermanas carmelitas de la caridad, Instituto de Hermanas Trinitarias, de clausura, religiosas carmelitas de la Presentación y salesianos.

 

A los 32 mártires de la Familia Salesiana española beatificados el 11 de marzo de 2001, y a los 63 beatificados el 28 de octubre de 2007, nos referiremos después. Antes, queremos fijar nuestra atención en las raíces históricas de lo que produjo -o fue la causa inmediata- de tanta muerte martirial: la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX en España.

 

2. La persecución religiosa en España durante los años treinta del siglo XX

 

Las elevadas cifras de mártires del siglo XX en España a las que nos hemos referido hace poco, manifiestan claramente la “extremada ferocidad”[15] que alcanzó la persecución religiosa de los años treinta del siglo pasado, en el país ibérico. En efecto, que la persecución religiosa en España durante esos años alcanzó dramáticos niveles de rencor y de violencia, es aceptado, sin mucha discusión, por la mayoría de los estudiosos del tema, tanto españoles como extranjeros. Hugh Thomas, por ejemplo, refiere que,

 

“posiblemente en ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado”[16].

 

                Pero interesa también saber qué fue lo que pasó en España durante los años treinta del siglo XX, es decir, interesa saber dónde están las raíces históricas de este estallido de odio y crueldad en contra de la Iglesia católica española, que ha dado lugar a un número de mártires tan elevado. A propósito de esta cuestión, los historiadores españoles Javier Tussell, ya fallecido, y Genoveva García Queipo de Llano, han señalado en un estudio llevado a cabo por ambos,

 

“la extremada ferocidad de la persecución religiosa le crea al historiador serios interrogantes que no pueden resolverse tan sólo con la actitud –por muy cristiana que sea- de admitir que fueron las insuficiencias o pecados de la propia comunidad eclesial en un pasado más o menos remoto los causantes, al menos parciales. Ni esa actitud, ni la interpretación conspirativa, ni la genérica apelación al subdesarrollo de una sociedad pueden bastar para juzgar desde criterios históricos o valorativos lo sucedido. Habrá que recurrir algún día a interpretaciones que remitan a la antropología y, por tanto, a las raíces más ocultas del anticlericalismo”[17].

 

            Teniendo en cuenta, pues, esto que Tusell y Queipo de Llano apuntan y de la mano de estudiosos de la persecución religiosa en España de prestigio como Antonio Montero Moreno, Ángel David Martín Rubio[18] y, sobre todo, Vicente Cárcel Ortí o, desde una perspectiva local, también Manuel Nieto Cumplido y Luis Enrique Sánchez García[19], en este trabajo se intentará responder a la pregunta ya planteada de alguna manera más arriba –por razones obvias, la respuesta tendrá que ser bastante sintética- de cómo en un pueblo tan profundamente religioso como el español pudo darse semejante persecución religiosa. Para alcanzar este objetivo, un camino que, a nuestro juicio, se puede y se debe recorrer, es el de la constatación de todos los hechos que se refieren a la persecución misma como un proceso desarrollado en dos etapas: la etapa de la gestación y la etapa de la aceleración. Por eso, recurrimos a la historia contemporánea de España[20], concretamente a los años de la II República y la Guerra Civil (1931-1939), los años de la persecución religiosa en el país ibérico durante los años treinta del siglo XX, a los que, concretamente, se refiere este trabajo, aún a sabiendas de que –como se podrá comprobar en alguno de los puntos del epígrafe que desarrollamos a continuación- el “holocausto español”[21] no se improvisó, ni mucho menos, en esos años de la República y la Guerra Civil. A este respecto, estamos también de acuerdo con Juan María Laboa cuando concluye que,

 

“todo el siglo pasado –el XIX- constituyó una lenta preparación para la tragedia final”[22].

 

2.1. La República en contra de la Iglesia   

 

            El 14 de abril de 1931, dos días después de la celebración de las elecciones municipales que dieron la victoria a los partidos políticos coaligados en la denominada Conjunción republicano-socialista[23], fue proclamada en España la República. El mismo día de la proclamación del nuevo régimen político, el rey Alfonso XIII salió del país hacia Marsella por Cartagena y el 16 de abril, quedó constituido el gobierno provisional republicano, presidido por el católico Niceto Alcalá Zamora.

 

            Cabe suponer que este cambio radical de régimen político en España -y más si se tiene en cuenta que se verificaba sólo después de la celebración de unas elecciones municipales-, sumiera en el desconcierto a la Iglesia española, plenamente identificada, además, con la Monarquía y, por supuesto, con la todavía reciente Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930)[24]. No obstante, la Iglesia española adoptó en seguida una actitud de acatamiento y sumisión hacia la República[25]. A este respecto, un editorial del diario católico El Debate,decía el día 15 de abril de 1931:

 

“La República  es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla”[26].

 

            Es cierto también que algunos obispos no se manifestaron tan abiertamente favorables a la República. El cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, y el obispo de Vitoria, don Mateo Múgica, por ejemplo. Pero se trató de pronunciamientos personales y por motivos distintos en cada caso. El conjunto de la jerarquía española, con el apoyo explícito del Vaticano a través del nuncio Federico Tedeschini, actuó claramente, desde el mismo advenimiento de la República, con gran sentido de respeto y hasta de colaboración hacia la misma, quizás por el influjo que los cardenales Vidal i Barraquer, de Tarragona, e Ilundáin, de Sevilla, ejercieron sobre los demás obispos españoles tras la dimisión – de alguna manera forzada por la Santa Sede para facilitar precisamente el entendimiento y colaboración entre la Iglesia y la República- del primado de Toledo, el monárquico cardenal Segura.

 

            Pero que la Iglesia católica española adoptara o no una actitud de respeto y colaboración con la República no parece que importara mucho al nuevo régimen, interesado como estaba en poner en marcha cuanto antes su hoja de ruta reformista, uno de cuyos puntos principales era, sin lugar a dudas, la cuestión religiosa, que las autoridades republicanas consideraban un problema. Por eso, las provocaciones hacia la Iglesia, desde todas las instancias y poderes públicos del nuevo régimen, no tardaron en llegar. Entonces, la jerarquía española se vio obligada a cambiar de actitud, interveniendo con duros escritos públicos y privados. El Papa Pío XI[27], por su parte, se solidarizó  con los obispos españoles y, en diversas ocasiones, no tuvo más remedio que alzar también su voz, junto a la de sus hermanos en el episcopado, para denunciar las provocaciones y ataques de la autoridades republicanas a la Iglesia.  

 

2.2. La responsabilidad de la Iglesia

 

            Desde abril de 1931, fueron, pues, varias las cuestiones que el nuevo Gobierno republicano español se propuso afrontar. Una de esas cuestiones, la religiosa, sería, a pesar de la existencia de otras más urgentes, la que terminaría polarizando el debate en torno a los -según la nomenclatura utilizada hoy por algunos historiadores-,  problemas que la República se había propuesto abordar y, de este modo, eclipsando todos las demás[28]. La Iglesia, entonces, se puede decir que fue, desde casi el mismo día 14 de abril, objeto de la atención e interés de la República. Por supuesto que ni la Iglesia, ni la religión eran en España un problema, pero estaba claro que para la República sí. Por eso los nuevos gobernantes republicanos, siguiendo la senda ya transitada en España por el liberalismo anticlerical decimonónico, no tardaron mucho en lanzar contra la institución, todo tipo de ataques, acusaciones y críticas. Pero, ¿eran justas estas críticas?, o dicho de otra manera, ¿llevaban razón los que, tanto desde fuera de la Iglesia como desde dentro, la atacaban? Antes de responder, veamos algo de lo que se decía contra ella.

 

            José Ortega y Gasset, reconocido representante del pensamiento republicano, durante la conferencia pronunciada el 6 de octubre de 1931 en el Cinema de la Ópera de Madrid, a propósito de la identificación estrecha que había en España entre Monarquía e Iglesia, afirmaría

 

“que la monarquía era el Poder público desnacionalizado, que irremediablemente falsificaba la vida de nuestro pueblo...El caso más claro de esta desfiguración a que era sometida la realidad española nos lo ofrece la Iglesia. Colocada por el Estado en situación de superlativo favor, gozando de extemporáneos privilegios, aparecía poseyendo un enorme poder social sobre nuestro pueblo; pero ese poderío no era, en verdad, suyo, suscitado y mantenido exclusivamente por sus fuerzas, que entonces sería respetable, sino que le venía del Estado como un regalo que el poder público le hacía, puesto a su servicio. Con lo cual se falsificaba la efectiva ecuación de las fuerzas sociales de España, y de paso, la Iglesia viviendo en falso y esto es lo triste, viviendo en falso, se desmoralizaba ella misma gravemente”[29].

 

            Y el que fuera ministro de la República, Salvador de Madariaga, en un impropio y exagerado alarde generalizador, sentenciaría que,

 

“la Iglesia solía ponerse infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional: apoyando siempre al poderoso, al rico, a la autoridad opresora”[30].

 

            Desde sus mismas filas, la Iglesia católica española se vería criticada también. Por ejemplo, según el político católico José María Gil Robles,

 

“había comenzado a brotar en esos años, con innegable retraso, un cierto sentido social, traducido en  obras positivas, que no llegó a dar sus frutos por el indeferentismo de la mayoría de las gentes y, en ciertos casos  -sobre todo en el orden del sindicalismo industrial-, por una concepción radicalmente equivocada. Por otra parte, no había conseguido liberarse la Iglesia del sello que le impusieran varios siglos de lucha por la unidad de la creencia, lo que contribuía a mantener abierta una profunda sima entre la jerarquía y el pueblo, que procuraba ahondar el obtuso anticlericalismo de muchos de los que se llamaban librepensasores. Alejada cada vez más de las realidades vivas del país, la Iglesia se presentaba al advenimiento de la República, injustamente, como una aliada de las clases burguesas. El esfuerzo denodado de muchos sacerdotes y religiosos, que dedicaron su vida entera a los humildes, naufragó en la ola de incomprensiones y rencores en cuyo lomo cabalgaban las masas que se disponían al asalto del poder”[31].

 

            Naturalmente que la Iglesia no estaba exenta de errores, retrasos, planteamientos equivocados e iniciativas discutibles, que constituyen un conjunto de responsabilidades imputables tanto a obispos, sacerdotes y religiosos como a católicos en general. Pero muchas de las acusaciones que se vertían contra ella –particulamente las de su escaso sentido social y su ingente poder económico- eran en parte exageradas y en parte también gratuitas.

           

            En cuanto a la escasa sensibilidad de la Iglesia hacia los problemas del mundo obrero y del proceso de transformación de la sociedad, la acusación se puede limitar a los escasos resultados conseguidos. Desde el último tercio del siglo XIX había comenzado la tarea de organización de los círculos obreros católicos y ya en el siglo XX se formaron las confederaciones agrarias, los sindicatos especializados, los centros sociales para la promoción de la mujer y un sinfín de iniciativas a distintos niveles que, precisamente, cuando llegó la segunda República, comenzaban a dar los frutos más esperanzadores y desde sus filas nutrían a la naciente Acción Católica.

 

Y sobre el ingente poder económico del que también se la acusaba, conviene saber que la  riqueza de la Iglesia estaba en los tesoros artísticos de sus templos y en su patrimonio documental conservado en archivos diocesanos y parroquiales, en monasterios y en conventos, y nada más. El clero vivía pobremente y, pese a frecuentes reclamaciones durante la Dictadura de Primo de Rivera, no se consiguió elevar la dotación económica del mismo. Sin embargo, la continua propaganda de los anticlericales consiguió hacer creer al pueblo todo lo contrario[32].

 

2.3. El resurgir del anticlericalismo decimonónico

 

            Según lo indicado más arriba, a propósito de la cita tomada del trabajo conjunto de los historiadores Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, que ahora repetimos en parte,

 

“...para juzgar con criterios históricos o valorativos lo sucedido  –a la Iglesia española durante los años treinta del siglo XX-. Habrá que recurrir algún día a interpretaciones que remitan a los antropología y, por tanto a las raíces más ocultas del anticlericalismo”[33].

 

            En efecto, la presencia del anticlericalismo en la historia de España y, por consiguiente, en la historia de la Iglesia española, es una de las claves principales –si no la única- de interpretación y explicación del hecho histórico de la persecución religiosa, que se desencadenó en el país ibérico, durante los años treinta del siglo XX. Pero, además de lo que a nivel popular se pueda entender por tal fenómeno ¿a qué llama anticlericalismo la historiografía?, ¿dónde está su origen?, ¿cuáles son sus características principales? Son interrogantes que, a nuestro juicio, conviene hacerse e intentar responderlos también aquí, para poder comprender mejor el hecho mismo de la persecución religiosa en España, en la década de los treinta del siglo XX.

 

Así pues, el anticlericalismo es una actitud ideológica, una reacción más o menos fuerte contra la excesiva interferencia del poder clerical en los asuntos de orden político o social[34]. Sus antecedentes literarios pueden encontrarse ya en obras españolas de la Edad Media y del Siglo de Oro (XVII). Pero el anticlericalismo al que aquí nos referimos nace, o por lo menos se fortalece, en otro contexto ideológico. Voltaire y la irreligiosidad del Siglo XVIII o de las Luces podrían señalarse como sus precursores; el liberalismo racionalista del siglo XIX ofreció el ambiente favorable para su incubación. La abundante reacción anticlerical desde entonces, se sitúa en dos campos primordiales: la educación y la política, es decir, los campos donde los anticlericales consideraban que los abusos e influencia del clero se podían dar con más frecuencia. Pero en España encontramos, además, otras causas de esta fuerte reacción anticlerical, primero durante la Restauración y después durante la República. Nos referimos concretamente al sectarismo de los políticos, a la existencia de sociedades secretas como la masonería[35] y, también, a la desoladora descristianización de una sociedad que, no obstante, seguía llamándose católica. Respecto de esto último, algunos historiadores se han referido también a la responsabilidad que en ello tendría la Iglesia misma, señalando el fracaso prácticamente absoluto de la evangelización, en un pueblo de bajísimos niveles culturales[36]. Un fracaso sobre el que, dos años después de la proclamación de la República, el futuro cardenal Gomá, entonces obispo de Tarazona, escribiría lo que sigue:

 

“...es escasísima la convicción religiosa en la inmensa mayoría de los individuos. España es católica...pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca tensión en millones de ciudadanos”[37].

 

            El historiador Vicente Palacio Atard ha señalado una larga y doble raíz de la presión anticlerical en España, que se remonta al siglo XIX, afirmando que,

 

“la raíz intelectual, fruto del subjetivismo liberal y del positivismo científico, considera a la Iglesia enemiga del progreso ; y la raíz popular, con una enorme fuerza pasional, descarga sus emociones  en un enconado odio a la Iglesia”. (Durante todo el reinado de Alfonso XIII siguieron latentes las) “dos corrientes del anticlericalismo, una culta, otra popular, que mantienen la constante tensión de fondo”[38].

 

                Como también ha puesto de manifiesto el historiador Vicente Cárcel Ortí, en el excelente estudio que sobre los mártires españoles del siglo XX, venimos citando en este trabajo, estas dos corrientes del anticlericalismo español avanzaron simultáneamente hasta estallar en abril de 1931, si bien, desde la perspectiva de la persecución, quizás habría que decir que no con la misma intensidad. En efecto, el anticlericalismo intelectual es, ciertamente, el responsable de la legislación laicista de la Restauración y después también de la República; introdujo los tópicos sobre la Iglesia y sus ministros en la sociedad española; fue implacable y mordaz en sus críticas, pero no se puede decir que fuera partidario de la violencia. Por otro lado, su liberalismo es sinónimo de anticlericalismo, pero no de antireligiosidad, pues se muestra al mismo tiempo respetuoso con los sentimientos religiosos propios del pueblo, y, como señala el historiador Luis Enrique Sánchez García, en la primera parte del estudio realizado en colaboración con el también historiador Manuel Nieto Cumplido, sobre la persecución religiosa en Córdoba, que ya hemos citado, durante la Restauración al menos se puede decir que incluso participaba de ellos.

 

            Sin embargo, el anticlericalismo popular, que influido sin duda por los –así llamados entonces- idearios obreros, sí que se convierte progresivamente en antirreligioso. En consecuencia, niega el espíritu, la trascendencia, y la fe y la religión son los grandes obstáculos para sus paraísos ideológicos, además de la causa de sus males. Utiliza el mitin, el pasquín, la escuela y, a medida que crecen y se desarrollan las organizaciones socialistas y anarquistas, los propios órganos de expresión[39].

 

            De todos modos, esta distinción no debe hacer olvidar que ambos anticlericalismos estuvieron siempre muy unidos – así ocurre durante la República- pues cuando el pueblo saqueaba o incendiaba edificios religiosos, e incluso cuando asesinaba a los sacerdotes, lo único que hacía era poner en práctica las consignas difundidas por la prensa y las publicaciones anticlericales. Al mismo tiempo, los líderes políticos en sus demagógicos discursos enardecían a las masas con delirantes propuestas. Es conocido, a este respecto, el tono empleado por Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical en vísperas de la Semana Trágica de Barcelona (1909) y después, durante la República, con responsabilidades de gobierno:

 

“ Rebelaos contra todo... Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los altares ni ante los sepulcros. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. ¡Hay que destruir la Iglesia! ¡Luchad, matad, morir!”[40]

 

2.4. “Quema de conventos” y expulsión de obispos

 

            Aún no había cumplido la República un mes de vida, cuando en diversas ciudades de España hizo nuevamente acto de presencia[41] el anticlericalismo popular al que nos hemos referido más arriba. Efectivamente, los días 11, 12 y 13 de mayo de 1931, se produjeron asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios  y conventos, en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz. Durante esos tres días de mayo, quedaron total o parcialmente destruidos casi un centenar de edificios religiosos, y lo que es peor, sin que la fuerza pública hiciera nada para impedirlo. ¿Tuvo el Gobierno provisional alguna responsabilidad en estos sucesos?

 

            Sobre las responsabilidades del Gobierno no resulta fácil pronunciarse, pues como ha señalado Antonio Montero,

 

 “no quedan actas judiciales del proceso, que no llegó a iniciarse, contra los autores de tales desmanes.”[42].

 

No obstante, hay algunos testimonios, de ámbito gubernamental precisamente, que sí nos autorizan a apuntar en esa dirección. Miguel Maura, que en esos días era ministro de la Gobernación en el Gobierno provisional, en un discurso pronunciado en el Cine Ópera el 10 de enero de 1932, quizás intentando defenderse, declara que cuando él había pedido la intervención de la fuerza pública, escucharía de otro ministro estas palabras:

 

“Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito”[43].

 

            Pero el presidente del Gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, lo desmiente afirmado que fue precisamente Maura el que

 

“permitió o favoreció con su actitud la propagación de los incendios”[44].

 

            En la ciudad andaluza de Málaga, sería el gobernador militar González Caminero el que ordenara la retirada de la fuerza pública que trataba de evitar el incendio y la destrucción del palacio episcopal y la residencia de los jesuitas. El mismo gobernador enviaría al ministro de la Guerra el siguiente telegrama:

 

“Hoy ha comenzado quema de conventos. Mañana continuará”[45].

 

Independientemente de si hubo o no responsabilidad del Gobierno, lo cierto es que los violentos sucesos de mayo de 1931, y otros semejantes que se repetirían a lo largo de 1932 en Zaragoza, Córdoba y Cádiz (enero), Sevilla (abril), Granada (julio), Cádiz, Sevilla y Granada (octubre), confirmaron los temores de muchos católicos ante el advenimiento de la República.

 

Desde este momento, quedaron claramente enturbiadas las relaciones entre la República y la Iglesia, como reconocerían algunos de los políticos de entonces. El presidente del Gobierno provisional, por ejemplo, declararía que las consecuencias de los incendios de iglesias y conventos

 

“para la República fueron desastrosas: le crearon enemigos que no tenía; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de los que como Holanda, tras haber execrado nuestra intolerancia antiprotestante, se escandalizaban de la anticatólica”[46]

 

            Y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, admitiría, por su parte, que los sucesos de mayo, constituían un bache, que podía haber sido definitivo para el nuevo régimen, si bien, consideraba él, que había sido superado[47]. Pero nada más lejos de la realidad, pues las tensiones no solo continuaron sino que crecieron antes de la llegada del verano de 1931. En primer lugar,  tras la expulsión del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, responsable, según el Gobierno, de manifestaciones carlistas y antirrepublicanas en las tres provincias vascas, que pertenecían a su jurisdicción espiritual[48]. Una decisión tomada también por Maura el 17 de mayo que provocó la dimisión del presidente del Gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, si bien retirada inmediatamente, porque los ministros le prometieron en un agitado consejo

 

“que no se repetirían iniciativas ni desafueros parecidos”[49].

 

            La promesa, sin embargo, se quedaría en meras palabras, ya que, el 15 de junio –casi un mes después de la expulsión del obispo de Vitoria, monseñor Mateo Múgica-, el Gobierno provisional expulsó también al cardenal Segura. Según se lee en las Memorias del presidente del Gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, el primado se había lanzado,

 

“al ataque contra la República, sin rodeo ni espera, con arengas, más que pastorales, de intempestiva y provocadora profesión de fe monárquica”[50].

 

2.5. La Constitución de 1931 y las demás  leyes laicistas

 

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron amplia mayoría a los partidos de izquierda. Una consecuencia de este triunfo fue que creció aún más la tensión entre la República y la Iglesia, sobre todo, cuando, al final del verano de 1931, comenzó a discutirse en las Cortes el proyecto de nuevo texto constitucional. Motivo de gran polémica sería el artículo 26, pues mientras los miembros de la comisión dictaminadora propugnaban un texto moderado, que reconociera la separación de la Iglesia y el Estado, los socialistas, mucho más radicales en sus planteamientos frente a la Iglesia, pidieron que todas las confesiones religiosas fueran consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales de la nación, que se prohibiera al Estado la ayuda económica a cualquier iglesia, asociación o institución religiosa, que no se permitiera en el territorio español la existencia de las órdenes religiosas, que fueran disueltas todas las existentes y nacionalizados todos sus bienes.

 

            El historiador Vicente Cárcel Ortí considera que, tras los debates parlamentarios, principalmente gracias a las intervenciones de Azaña[51],  se habría conseguido una redacción más moderada del artículo 26[52]. Es posible que así sea, si bien, el artículo aprobado resultaría un claro y duro ataque del poder legislativo de la República contra la Iglesia católica –el primero si exceptuamos algunas medidas que, anteriormente, había tomado el Gobierno provisional amparado por su Estatuto Jurídico-,[53] aunque no el último.

 

            En efecto, aprobada la Constitución, el 9 de diciembre de 1931, la legislación posterior que se anunciaba en el artículo 26 y en otros artículos de la misma[54], no se hizo esperar. En primer lugar, el 16 de enero de 1932, los maestros nacionales recibieron una circular del director general de Primera Enseñanza que les obligaba a retirar de las escuelas todo signo religioso y, en aplicación del artículo 48 de la Constitución fueron suprimidos los crucifijos. El 24 del mismo mes fue disuelta la Compañía de Jesús, ya que el artículo 26 de la Constitución había declarado la supresión de las órdenes religiosas que, además de los tres votos canónicos, impusieran a sus miembros otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado. El 2 de febrero fue aprobada la ley del divorcio y el día 6  quedaron secularizados todos los cementerios. Desde el 11 de marzo de 1932 quedó suprimida la enseñanza religiosa en todas las escuelas.

 

            Pero la disposición legislativa más polémica de este primer bienio de gobierno republicano fue la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, aprobada por las Cortes el 17 de mayo de 1933, la cual limitaba el ejercicio del culto católico y lo sometía en la práctica  al control de las autoridades civiles[55].

 

            Después de la quema de iglesias y conventos, las expulsiones de España del obispo de Vitoria y del cardenal primado y arzobispo de Toledo, y la promulgación de leyes como la de Confesiones y Congregaciones religiosas, la respetuosa actitud que hacia la República observó inicialmente la jerarquía eclesiástica española, comenzó claramente a evolucionar y, sobre todo, como observa algún historiador, a hacerse cada vez más intolerante[56].

 

             En efecto, ni el Papa ni la jerarquía española permanecieron en silencio ante estos ataques considerados por ellos intolerables. A este respecto, el 1 de enero de 1932, los obispos españoles hicieron pública una carta pastoral colectiva fechada el 20 de diciembre de 1931, en la que impartieron normas sobre la actuación de los católicos ante la nueva Constitución. Éste era ya el sexto documento colectivo con el que los prelados españoles trataban de hacer frente a los atropellos mediante los que, a su juicio, la República, en su primer año de existencia, estaba intentando eliminar a la Iglesia católica en España. Seguidamente, el 25 de julio de 1932, la Conferencia de metropolitanos salió al paso de las difíciles circunstancias creadas por el establecimiento del matrimonio civil y del divorcio, con desprecio de la legislación canónica. Que los obispos reaccionaran así se explica porque, al menos sobre el papel, en España seguía vigente el sistema político religioso establecido por el Concordato de 1851, dado que no constaba denuncia formal alguna del mismo, ni por parte de la República ni por parte de la Santa Sede[57]. Es cierto que durante el bienio de Gobierno radical-cedista (1934-1935), se intentó negociar un nuevo concordato, pero sin resultado ninguno, entre otras cosas porque el Gobierno no estaba dispuesto a modificar el articulado religioso de la Constitución, tal y como la Iglesia le solicitaba[58]

 

            Pero antes de la Guerra Civil (1936-1939), el documento quizás más importante que la jerarquía eclesiástica española sacó a la luz pública oponiéndose a la legislación antirreligiosa de la República  fue, no obstante, un amplísimo texto del 25 de mayo de 1933, hecho público con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. A éste le siguieron, una semana más tarde, la encíclica Dilectissima nobis, del Papa Pío XI, y la  pastoral Horas graves, del nuevo arzobispo primado de Toledo, Isidro Gomá[59]. En la encíclica, el Santo Padre condenaba el “espíritu anticristiano” del régimen español y animaba a los católicos españoles a unirse para defenderse de sus ataques.

 

“Ante la amenaza de daños tan enormes –escribía el Pontífice-, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil”[60].

 

 

2.6. El “anticipo revelador” de Asturias

 

            En la etapa de Gobierno radical-cedista (Noviembre 1933-Febrero 1936), tuvieron lugar en España los hechos revolucionarios de octubre de 1934. Estos hechos conocidos en la historiografía como Revolución de Asturias han sido interpretados de forma muy diversa, tanto por los contemporáneos como por los historiadores. En relación con el argumento de nuestro trabajo hay quien los ha considerado un “anticipo revelador”[61] de lo que sucedería dos años después. En el origen está la dimisión del gabinete presidido por Ricardo Samper y el encargo, por parte del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de formar un nuevo gobierno al jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux. A éste no le quedó otro remedio que contar entre sus ministros con algunos miembros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), presidida por el diputado católico José María Gil Robles, pues eran mayoría en el Congreso, tras haber ganado las elecciones celebradas en noviembre de 1933. Los grupos de izquierdas habían amenazado con una auténtica revolución si se producía esta entrada de ministros de derechas en el gobierno de la República[62]. El ideal de la Revolución rusa de 1917 estaba en la mente y en el corazón de muchos, aunque no militaran en los diversos grupos comunitas que recibían de Moscú las directrices políticas que había que seguir. Lo decía El Socialista, periódico del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), el 27 de septiembre de 1934:

 

“El mes próximo puede ser nuestro octubre. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas directoras es enorme en este momento. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado”[63].

 

            La tarde del día 4 de octubre se anunció la formación del nuevo Gobierno. Fue la señal convenida por todos los revolucionarios del país para levantarse. Enseguida se multiplicaron los incidentes en diversas regiones, provincias y ciudades de España, si bien, en la mayor parte del territorio español fue restablecido el orden en la misma mañana del día 5 de octubre. Excepto en Barcelona y en Asturias, donde los acontecimientos tomaron un carácter sangriento desde los primeros momentos del levantamiento revolucionario contra el Gobierno radical-cedista. 

 

            En Barcelona, el Estat Català proclamado por el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, no duró, es cierto, más de diez horas. En Asturias, sin embargo, la revolución se prolongó durante algunos días más. El día 5 por la tarde, ya habían caído en manos de los mineros anarcosindicalistas[64] la mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil localizados en las cuencas mineras. Además, se luchó encarnizadamente en diversas e importantes localidades asturianas y, sobre todo, en Oviedo, capital de la provincia.

 

            Cuando el día 20 de octubre los insurrectos se rindieron a las tropas del general López Ochoa, los muertos eran casi un millar y las destrucciones enormes. Como era de esperar, en el punto de mira de los revolucionarios, había estado también la Iglesia católica. Los comités revolucionarios locales, constituidos primero por socialistas y después por comunistas violentos[65], prohibieron toda manifestación religiosa y quemaron templos. Los sacerdotes y religiosos fueron considerados enemigos del pueblo y se dio orden de detenerlos a todos. Los que no pudieron evadirse o esconderse, fueron encerrados en cárceles improvisadas y sometidos a humillaciones y atropellos. No se tuvo en cuenta ni la edad ni cualquier otra consideración. En varios lugares se les fusiló sin piedad, algunas veces ante una multitud enardecida y, otras, después de una parodia de juicio popular. Durante las jornadas revolucionarias, fueron ejecutados 34 sacerdotes y religiosos. Entre los sacrificados por odio a la fe cristiana están los mártires de Turón, canonizados el 21 de noviembre de 1999: ocho hermanos de La Salle y el sacerdote pasionista, que era su capellán. Como recuerda Vicente Cárcel Ortí,  los revolucionarios no se detuvieron ni aún sabiendo que

 

“Estos religiosos trabajaban en la educación de los hijos de los mineros”[66]

 

Pero no fueron sólo éstas y otras muertes. La destrucción de iglesias, el aniquilamiento de los signos religiosos, la rabia con que se bombardeó la catedral, o la saña con que se quemó el palacio episcopal o el seminario, confieren carácter anticristiano a estos hechos revolucionarios asturianos de 1934, y, además, son un indicio claro de cuáles eran los objetivos de los  revolucionarios respecto de la Iglesia católica y sus ministros en toda España, de no haber fracasado[67]. Se confirmaría, no obstante, dos años después, durante la Guerra Civil, en la zona republicana. 

 

2.7. La persecución sangrienta (1936-1939)

 

            Disueltas las Cortes el 7 de enero de 1936, fueron convocadas nuevas elecciones generales. Éstas se celebraron el 16 de febrero y dieron la victoria al Frente Popular, formado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas y el POUM catalán (Partido Obrero de Unificación Marxista).

 

            En relación con el argumento de nuestro trabajo y en base a datos oficiales recogidos por el ministerio de la Gobernación y completados con otros procedentes de las curias diocesanas, Vicente Cárcel Ortí afirma que

 

“durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular anteriores a la guerra, varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos; algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos. Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias, otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron  incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas; en algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto o lo limitaron prohibiendo el toque de las campanas, la procesión o el viático y otras manifestaciones religiosas; también fueron profanados algunos cementerios y sepulturas como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia) , y los cadáveres  de las religiosas del mismo convento. Frecuentes fueron los robos del  Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas. Parodias de carnavales sacrílegos se hicieron en Badajoz y en Málaga. Los atentados personales afectaron a varios sacerdotes, pues, además de los muertos, que fueron 17, otros sufrieron encarcelamientos, golpes o heridas. Pero, a pesar de todas esas amenazas, la mayoría de los sacerdotes permanecieron fieles en sus ministerios con el consiguiente riesgo, mientras que los religiosos fueron expulsados  de todos los centros oficiales. En muchas poblaciones los desmanes se cometieron con el consentimiento de las autoridades locales  y en otras éstas impidieron la defensa de los católicos. En todas partes quedaron impunes los malhechores”[68].

 

            Queda, pues, claro como tras la victoria electoral del Frente Popular y la formación de nuevo gobierno, se estableció en España un clima de terror que señaló a la Iglesia como el objetivo fundamental de todas las iras. Incluso se multiplicaron las acusaciones falsas para fomentar el odio y la aversión en su contra. El 4 de mayo de 1936, por ejemplo, circuló por Madrid la voz de que las Hijas de María Auxiliadora distribuían a los niños caramelos envenados, provocando el asalto e incendio del colegio de la calle Villaamil, en el madrileño barrio de Tetuán. Por esto y por todo lo que ya sabemos, Antonio Montero se  pregunta:

 

“¿Hará falta insistir en que, al margen de la propia guerra civil y con antelación a la misma, está minuciosamente previsto el programa de persecución a la Iglesia?”[69].

           

            Sin embargo, la persecución no alcanza su apogeo hasta el verano de 1936, es decir, hasta que no dió comienzo la Guerra Civil. En efecto, ya conocemos las cifras globales –todavía provisionales- de mártires –no menos de 6.000 y no más de 10.000- que historiadores como Antonio Montero y Vicente Cárcel Ortí, han dado del holocausto español. Pero si las cifras son, efectivamente, elocuentes, no lo es menos el análisis de las mismas. En un estudio de Jesús Iribarren, sobre la cronología de la persecución, del que también se hace eco Cárcel Ortí[70], se afirma que desde el 1 de enero de 1936 hasta el 18 de julio del mismo año habían sido asesinados 17 sacerdotes y religiosos en diversos lugares y circunstancias. Pero durante los últimos días del mes de julio el número de víctimas del clero ascendió a 861, y sólo el día de Santiago, patrón de España, 25 de julio, fueron martirizados 95 miembros del clero secular. En agosto se alcanzó la cifra más elevada, con un total de 2.077 asesinatos, que corresponden a una medida de 70 al día, entre los cuales hay que incluir a 10 obispos. Durante el otoño prosiguieron las matanzas, aunque en número inferior y, desde comienzos de 1937 decrecieron sensiblemente, de forma que en julio de este año, cuando los obispos publicaron la pastoral colectiva sobre la guerra, el clero sacrificado alcanzaba ya la cifra de 6.500. Por ello -y a propósito de si influyó o no en la persecución el hecho de que, a medida que avanzaba la guerra, la Iglesia se pusiera a favor de los “nacionales” o franquistas-, Jesús Iribarren termina su estudio avanzando dos importantes conclusiones:

 

“primera, 6.500 mártires, no en tres años, sino en menos de uno, con una España divida en dos mitades desiguales y la perspectiva de una guerra todavía larga, tenían que suscitar en los obispos –aparte toda otra consideración, que dejamos para los historiadores- el temor de una total aniquilación de la Iglesia en la España que llamaban roja; segunda, que no debe subestimarse –aparte de otros efectos y polémicas que dejamos también para los historiadores- la influencia que el eco mundial de la pastoral debió de tener en que, después de ella y hasta el final de la guerra civil, veintiún meses más tarde, ya no fueron sacrificados sino 332 víctimas más, las más de ellas en el mismo año 1937; el corte es neto: en los dos últimos tercios de la guerra civil, la caza al cura puede considerarse excepcional, como lo fue la del obispo de Teruel, Anselmo Polanco, asesinado en febrero de 1939”[71].

 

            Los datos llaman la atención  -y sirven para corroborar una vez más la magnitud de la tragedia-, pero más todavía llaman la atención las palabras pronunciadas por elementos muy destacados de los grupos responsables del holocausto. Algunos como los de Andreu Nin, jefe del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) o José Díaz, secretario de la sección española de la III Internacional, ponen de manifiesto que los perseguidores se ufanaban tanto de la eliminación de los sacerdotes, como de la destrucción de los templos[72]. A este respecto, he aquí lo que el periódico anarquista de Barcelona, Solidaridad Obrera, publicaba el 25 de mayo de 1937: 

 

“¿Qué quiere decir restablecer la libertad de cultos? ¿Que se puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Barcelona y Madrid, no sabemos dónde se podrá hacer esta clase de pantomimas. No hay templo en pie ni un altar donde colocar un cáliz. Tampoco creemos que haya muchos curas por este lado capaces de esta misión”[73]

 

Pero el testimonio más elocuente –y desde luego más impresionante- sobre lo que había ocurrido en la zona republicana, desde julio hasta diciembre de 1936, se lo debemos al católico vasco Manuel Irujo, ministro del Gobierno republicano, que, en una reunión del gabinete celebrada en Valencia el 9 de enero de 1937, presentó el siguiente Memorandum sobre la persecución religiosa:

 

“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo –los organismos oficiales que los han ocupado- en su edificación obras de carácter permanente...f) Todos los conventos  han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerto de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relacione o recuerde”[74].

 

            Este Memorandum del ministro Irujo pone de manifiesto, además, que es históricamente falso afirmar que los asesinos formaban parte de grupos incontrolados, como muchos otros historiadores continúan todavía hoy sosteniendo. A propósito del “furor rojo”, Stanley G. Payne escribe que,

 

“este no fue el producto ciego y espontáneo de la furia popular, sino que fue ejercido por pequeños grupos de los partidos revolucionarios que se constituyeron específicamente para esa tarea, con la aprobación en muchos casos, y la iniciativa algunas veces, de los dirigentes de las organizaciones. Tampoco todas las “escuadras de la muerte” estaban constituidas por elementos de las organizaciones revolucionarias. En Madrid, por ejemplo, algunas fueron organizadas como unidades regulares de policía, dependientes del Ministerio de la Gobernación, dirigido por la Izquierda Republicana durante los meses de julio y agosto. Dicho ministerio “apenas hizo nada, de julio a septiembre de 1936, por detener el terror...En Madrid, nunca se apeló a las unidades de policía locales todavía disponibles para defender a las víctimas del terror. En Barcelona, Companys ni siquiera se atrevió aproteger a su propio ministro de Orden Público, Escofet, ex capitán del ejército, a quien la FAI –Federación Anarquista Ibérica- obligó a huir a Francia por haberse manifestado públicamente contra el terror”[75].

 

            Y el mismo autor, en un ensayo posterior sobre el catolicismo español, concluye señalando algunos parecidos de la tragedia española y más responsabilidades:

 

“El terror en España se parecía al de la guerra civil rusa en cuanto, en ambos caso, el clero fue una de las víctimas principales de la violencia. La persecución de la Iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental, incluso en los momentos más duros de la Revolución francesa...Los anarquistas tenían la reputación de ser los más violentos anticlericales entre los revolucionarios, pero hubo también matanzas en zonas, como el centro-sur, en que los anarquistas eran débiles...Los socialistas no se mostraron renuentes a hacer su aportación a la hecatombe”[76].

  

 

3.  El carácter fundamentalmente antirreligioso de la persecución

 

            Con esta síntesis histórica de la Segunda República española (1931-1939), desde la perspectiva exclusiva de las relaciones entre la Iglesia católica y el régimen republicano español, que se acaba de ofrecer, se ha pretendido poner de manifiesto que la persecución religiosa durante los años treinta del siglo XX en España, se puede decir que comenzó casi un mes después del advenimiento de la República en abril de 1931, y alcanzó su máximo apogeo en lo seis meses siguientes al alzamiento militar del 18 de julio de 1936, el cual, como es sabido, dio paso –dado su fracaso en gran parte del territorio español- a la Guerra Civil; con otras palabras, lo que se ha intentado subrayar es que la persecución comenzó antes de que se produjera la rebelión  –golpe de Estado militar contra la República- y el enfrentamiento bélico civil entre republicanos y   franquistas que le siguió. Pero hay que volver a los mártires del siglo XX en España, entre ellos los de la Familia Salesiana, objeto de este trabajo; falta subrayar todavía que la persecución tuvo un carácter fundamentalmente antirreligioso. Veamos por qué.

 

            El hecho de que a los perseguidores no les bastara con eliminar físicamente a las víctimas,  sino que, además, se ensañaran con ellas durante las torturas y vejámenes e incluso ultrajaran y profanaran sus cuerpos exánimes o sus cadáveres ya destrozados, demuestra, en efecto, que la persecución tuvo, principalmente, ese carácter, es decir, que los perseguidores actuaron casi siempre por odio a la fe, por odio a la Iglesia. Aunque es cierto que hubo también algunas muertes de sacerdotes y religiosos por razones políticas, sociales y económicas[77], en la mayoría de los casos, sin embargo, prevaleció la condición religiosa o sacerdotal de las víctimas, sobre otras razones personales o políticas. En apoyo de este carácter fundamentalmente antirreligioso de la persecución, Vicente Cárcel Ortí añade otro dato:

 

“el de las ejecuciones en masa, sin discriminación de sexo, edad o condición de las víctimas, y, por supuesto, sin que aparezca en ellas algún elemento político o social que pudiera, si no justificarlas, por lo menos explicarlas”[78].

 

            La persecución, además de premeditada fue también cruel. Casi todos los asesinatos estuvieron precedidos de torturas psicológicas y físicas, mutilaciones, golpes, insultos, etc. Por eso los obispos, en la pastoral colectiva del 1 de julio de 1937, denunciarían:

 

“Casi no hallaríamos en el Martirologio Romano una forma de martirio no usada...sin exceptuar la crucifixión; y en cambio hay formas nuevas de tormento que han consentido las sustancias y máquinas modernas”[79].

 

            Matando a los sacerdotes, religiosos y cristianos laicos miembros de Acción Católica, se intentó eliminar cuanto de sagrado existe sobre la tierra. Por ello, la persecución fue fundamentalmente anticristiana y antidivina. Juan Peiró, dirigente anarquista y ministro del Frente Popular durante seis meses,  lo corrobora en estas palabras suyas:

 

“Matar a Dios, si existiese, al calor de la revolución...es una medida muy natural y muy humana”[80] 

           

            A la luz de este carácter antirreligioso de la persecución, se explican también hechos violentos y sacrílegos tan graves como la profanación directa de la sagrada Eucaristía, realizada de mil formas: vaciando los sagrarios, destruyendo las formas consagradas, disparando contra el Santísimo Sacramento, comiendo sacrílegamente cuanto contenían los copones y bebiendo con cálices, arrojando y pisoteando por las calles las sagradas Hostias, convirtiendo las iglesias en cuadras y los altares en pesebres, destruyendo con especial ahínco las aras del altar porque, como decía un cabecilla de los milicianos:

 

“Romped aquella piedra del altar, porque sin ella no se puede decir misa”[81].

 

            El 20 de julio de 1936, Radio Barcelona daba también esta consigna general:

 

“Hay que destruir la Iglesia y todo lo que tenga rastro de ella. ¿Qué importa que las iglesias sean monumentos del arte. El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir la Iglesia”[82].

 

            Se trata de una consigna que nos remite al llamado “martirio de las cosas”[83]. En efecto, todo lo que tenía carácter sagrado fue destrozado. Tesoros históricos y artísticos de incalculable valor fueron pasto de las llamas. La estatua del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles (Madrid) fue fusilada y la del Tibidabo de Barcelona destrozada. Haciéndose eco de este “martirio de las cosas”, la  revista francesa L’Illustration, el 5 de febrero de 1938, escribía:

 

“Su carácter religioso es precisamente lo que desencadenó un vandalismo destructor contra esas grandes obras de arte. Las degradaciones, mutilaciones, profanaciones que en ellas contemplamos manifiestamente, no son debidas a ninguna acción de guerra. Esas obras de arte, casi en su totalidad, han sido reducidas al estado en que se hallan, de una manera voluntaria, sistemática, sin objetivo alguno militar, lejos de la zona de combate, y aun a menudo, en momentos en que  el Gobierno tenía pleno dominio de las regiones en que se hallaban...Los vándalos no han obrado por un inconsciente y brusco frenesí. Han obedecido órdenes recibidas de los comités...”[84].

 

            En muchos casos, se provocó también una traición, retractación o abandono de la fe sin conseguirlo. Basta asomarse a cualquiera de las Causas de beatificación de los mártires de la persecución de los años treinta del siglo XX en España para comprobarlo. Sobre este particular, el historiador Vicente Cárcel Ortí concluye:

 

“A muchos sacerdotes se les mató porque no quisieron blasfemar y lo mismo ocurrió con numerosos seglares. A otros se les echó en cara el ejercicio puntual y solícito de su ministerio: celebración de la santa misa, visita a los enfermos, distribución de la sagrada comunión, celebración de funerales, etc. A otros se les incitó a violar el secreto sacramental, a pisotear el crucifijo o imágenes sagradas, y se les provocó para que realizaran acciones deshonestas. La crueldad de estos vejámenes y humillaciones podría alargarse con otros mil ejemplos, pero bastan los casos citados para demostrar el carácter anticristiano de la persecución  y la obsesión ciega de los perseguidores por todo lo sagrado”[85].

 

 

4. Los mártires salesianos de la persecución religiosa en España durante la Guerra Civil (1936-1938)

 

            Entre las víctimas de la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX  en España, hubo también sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, hombres y mujeres pertenecientes a la Familia Salesiana de San Juan Bosco, presente en España desde el año 1881[86]. En efecto, entre los años 1936 y 1938 de la Guerra Civil (1936-1939) murieron martirizados alrededor de un centenar de sus miembros, pertenecientes –los salesianos concretamente- a las tres inspectorías o provincias religiosas salesianas españolas existentes entonces: Bética con sede en Sevilla, Céltica con sede en Madrid y Tarraconense con sede en Barcelona[87]. Era ésta una división territorial que venía desde 1902. Estas inspectorías o provincias salesianas, además de a un territorio, hacían referencia, sobre todo, a casas, obras y presencias salesianas en ciudades y pueblos de toda España, a comunidades religiosas y, por supuesto, a las personas de los religiosos que daban consistencia a esas comunidades y que, junto a otros muchos colaboradores laicos, trabajaban en las diversas casas, obras o presencias salesianas que constituían cada una de las inspectorías. Entre esas personas –salesianos sacerdotes, coadjutores y seminaristas sobre todo, pero también cooperadores seglares- están los mártires salesianos de la persecución religiosa en España durante la Guerra Civil (1936-1939) a los que, agrupados por inspectorías, nos referimos a continuación. De varios de ellos presentaremos también algunas cartas conservadas por la familia o en el Archivo de la Postulación de la Dirección General de los Salesianos de Don Bosco en Roma .

 

4.1. Los mártires de la Inspectoría Bética de Sevilla (1936)

 

            En 1936, la Inspectoría Salesiana Bética de María Auxiliadora con sede en Sevilla se componía de 21 comunidades con un total de 242 salesianos profesos y 15 novicios. A éstos hay que añadir unos 15 estudiantes de teología en Carabanchel Alto, entonces, un pueblo situado en las cercanías de Madrid. Los asesinados por odio a la fe fueron 19, lo que significa un 8% del total de los profesos de la inspectoría. Éstos se ditribuyen entre las localidades andaluzas de Ronda, Sevilla, Morón de la Frontera y Málaga. Al grupo de salesianos sacerdotes y coadjutores martirizados se añaden tres cooperadores de Pozoblanco, totalizando los 22 miembros de la Familia Salesiana asesinados en Andalucía en 1936.

 

            Comenzando por Ronda, ciudad de la provincia de Málaga, donde había dos comunidades salesianas que regentaban las casas de Santa Teresa y Sagrado Corazón-“El Castillo”[88], la revolución se prolongó del 18 de julio al 16 de septiembre de 1936, durante dos meses escasos[89]. En los 15 días siguientes al –allí fracasado- alzamiento militar contra la República, padecieron muerte violenta siete salesianos, tres del colegio Sagrado Corazón (Antonio Torrero, Enrique Canut, Miguel Molina) y cuatro de las escuelas de Santa Teresa (Antonio Mohedano, Pablo Caballero, Honorio Hernández, Juan Luis Hernández). No prosperó el intento de incluir en la Causa de martirio al joven coadjutor salesiano Aniano Ortega, de la comunidad de “El Castillo”, que, uno de esos días, falleció en el hospital, tras haber sido operado de apendicitis. Junto con los aspirantes a la vida salesiana de la “Colonia Escolar Montillana”[90], los cuatro  salesianos de la comunidad del aspirantado de Montilla (Córdoba) que, como responsables, les acompañaban – unos y otros hacía pocos días que habían llegado a Ronda para pasar el verano- y los salesianos de la comunidad del colegio Sagrado Corazón, el joven coadjutor se había visto también obligado a refugiarse en un hotel de la ciudad, al haber sido expulsado del colegio, junto con todos los demás moradores, el día 24 de julio.

 

            Aunque en Sevilla, capital de la provincia andaluza del mismo nombre, triunfó el golpe de estado militar contra la República, durante la semana siguiente al 18 de julio, tanto el barrio del colegio salesiano de la Santísima Trinidad, como otros barrios periféricos de la ciudad andaluza, se vieron, no obstante, sometidos a la acción de grupos de milicianos revolucionarios. Consecuencia directa de una de sus escaramuzas fue la muerte violenta de un salesiano de la comunidad del colegio de la Santísima Trinidad, Antonio Fernández Camacho, el día 20 de julio.

 

            Una semana duró la revolución en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, donde, el 21 de julio fueron sacrificados los salesianos José Limón y José Blanco. Un más que testigo ocular de lo sucedido fue don Rafael Infante[91], salesiano, entonces estudiante de teología en Carabanchel Alto que había sido destinado a la casa salesiana de Morón durante el verano. Éste, además de compañero de cárcel de los dos mártires, resultó también gravemente herido como consecuencia de los disparos que recibió cuando, junto con los dos salesianos mártires de Morón y otros moroneses, caminaba, con los brazos en alto, desde el cuartel de la Guardia Civil, donde todos habían estado refugiados, hacia la plaza del Ayuntamiento. Poco después, don Rafael Infante sería también testigo de la muerte de don José Limón. Él, sin embargo, sobrevivirá al tiro de gracia. Los milicianos lo dieron ya por muerto y don Rafael

 

“...huyó a las 11 de la noche del mismo martes (día 21 de julio), del grupo de cadáveres de sus compañeros caídos, llegando a Sevilla la mañana del 25 tras vagar tres días por los campos”[92].

 

            La revolución en Málaga se prolongó hasta el 8 de febrero de 1937; duró, por tanto, cerca de siete meses. En agosto de 1936 fueron asesinados cinco salesianos (Francisco Míguez, Manuel Fernández Ferro, Félix Paco Escartín, Vicente Reyes y Tomás Alonso Sanjuán) y en septiembre cuatro más (Manuel Gómez Contioso, Antonio Pancorbo López, Esteban García García y Rafael Rodríguez Mesa) de un total de nueve sacrificados. Don Vicente Reyes, sacerdote, que hasta muy avanzado el proceso de beatificación y canonización, ocuparía un lugar entre los salesianos inmolados en la capital malagueña, después no ha estado entre los mártires beatificados el 28 de octubre de 2007. Un aviso de la Congregación para las Causas de los Santos, ordenó retirar su nombre de la lista, sin que, de momento, hayamos podido saber el motivo concreto, aunque sospechamos que sea por falta de algún requisito esencial de los muchos exigidos en el rigurosísimo proceso de beatificación seguido por la Iglesia. Tras la exclusión de don Vicente Reyes el número de salesianos mártires de Málaga se ha quedado en ocho y de la inspectoría Bética en veintiuno[93].

 

            De los cinco salesianos de la comunidad de Málaga asesinados en el mes de agosto de 1936, uno fue, como ya sabemos, don Manuel Fernández Ferro, sacerdote nacido en Paradiñas, Orense, el cual, a las 11 de la noche del día 24 de agosto de 1936, fue sacado a la fuerza del hotel Imperio, donde estaba refugiado, y llevado junto a las tapias del cementerio malagueño de San Rafael, donde lo fusilaron en la madrugada del día 25 de agosto de 1936. Unos días antes le había escrito a su familia esta carta de despedida: 

 

“Sr. D. Domingo Fernández

 

Queridos padres y hermanos:

 

Me parece que estas serán mis últimas líneas: fuimos detenidos el 21 de Julio con los brazos en alto y apuntándonos nos llevaron al calabozo, de ahí a la cárcel y de la cárcel salí el 23 siendo otra vez detenido con mucho peligro porque faltó poco para que dispararan las pistolas. Desde el 24 de Julio al 16 de Agosto paré en el Hotel Imperio.

 

He pensado mucho en Vds; madre estuvo inspirada al despedirse de mí con un beso y abrazo; igualmente lo hago yo. No tengan pena por mí. Muero contento por la Religión y por España. Si pueden manden decir por mí las 30 misas de S. Gregorio.

 

¡Adiós! En el cielo les espera Manuel.

 

Un fuerte abrazo a todos y agradecido por todo lo que han hecho conmigo”[94]

 

            La localidad cordobesa de Pozoblanco, por último, tras haber permanecido un mes bajo mando militar rebelde, se vio obligada a capitular, el 15 de agosto de 1936, ante las numerosas fuerzas que, procedentes de fuera, la asediaron y asaltaron seguidamente, volviéndola a recuperar para la República y para la revolución. Por eso –aunque las milicias republicanas revolucionarias habían prometido que no tomarían represalias-,  un día después de la capitulación caía asesinado el arcipreste de la ciudad, párroco de Santa Catalina y antiguo alumno salesiano de Utrera, Antonio Rodríguez Blanco. Un mes después, era asesinada una mujer, Teresa Cejudo, esposa y madre de familia y animadora indiscutible de las asociaciones católicas de la localidad, entre otras, de la de de devotos de María Auxiliadora. El 2 de octubre de 1936, finalmente, en la cárcel de Jaén, era ejecutado el tercero de los mártires de la Familia Salesiana pozoalbense: Bartolomé Blanco, un joven de apenas 22 años que había conocido a los salesianos en el oratorio festivo de la localidad.    

 

            El mártir Bartolomé Blanco fue primero encarcelado en Pozoblanco el día 18 de agosto de 1936 y, algo más de un mes después, el 24 de septiembre, trasladado a la cárcel de Jaén. Antes de salir para la capital giennense, envió a su novia esta breve pero sentida misiva:

 

“Querida Maruja: Como te quise siempre, te querré hasta el momento de la muerte. Dios me llama; Dios me llama a su lado y a Él voy por el camino del sacrificio. No culpes a nadie de mi muerte; perdona en nombre de Dios como Él perdonó y yo también perdono. Sé feliz y procura sobre todas las cosas la salvación de tu alma. Hasta la eternidad. Tu Bartolomé”.

 

            A los familiares con los que vivía desde la temprana muerte de sus padres, Bartolomé les escribió también esta esta otra carta:

 

“Queridas tías y primos: Os llegarán noticias de que me llevan a Jaén. Aunque no conozco a fondo los propósitos que tengan, los considero pésimos. Mi última voluntad es que nunca guardéis rencor a quienes creáis culpables de lo que parece mi mal. Y hablo así porque el verdadero culpable soy yo, son mis pecados que me hacen reo de estos sacrificios. Bendecid a Dios que me proporciona ocasiones tan formidables para purificar mi alma.

 

            Os encomiendo que venguéis mi muerte con la venganza más cristiana: haciendo todo el bien que podáis a quienes creáis causa de proporcionarme una vida mejor. Yo los perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve. Hasta la eternidad. Allí nos veremos todos gracias a la Misericordia Divina. Vuestro Bartolomé”.

 

                En la cárcel de Jaén, Bartolomé fue juzgado y condenado a muerte el 29 de septiembre, siendo fusilado, como ya se ha dicho, el 2 de octubre de 1936. Un día antes de su ejecución, el joven mártir quiso de nuevo escribir tanto a sus tías y primos como a su novia: 

 

“Prisión Provincial de Jaén 1º de Octubre 1936

 

            Queridas tías y primos: Cuando me faltan horas para gozar de la inefable dicha de los bienaventurados, quiero dedicaros mi último y postrer recuerdo con esta carta.

 

            ¡Qué muerte tan dulce la de este perseguido por la justicia! Dios me hace favores que no merezco proporcionándome esta gran alegría de morir en su Gracia.

           

            He encargado el ataúd a un funerario y arreglado para que me entierren en nicho; ya os comunicarán el número de dicho nicho.

            Hago todas estas preparaciones con una tranquilidad absoluta; y claro está que esto que sólo puede conseguirse por mis creencias cristianas, os lo explicaréis aún mejor cuando os diga que estoy acompañado de quince sacerdotes que endulzan mis últimos momentos con sus consuelos.

           

            Miro a la muerte de frente, y no me asusta, porque sé que el Tribunal de Dios jamás se equivoca y que invocando la Misericordia Divina conseguiré el perdón de mis culpas por los merecimientos de la Pasión de Cristo.

           

            Conozco a todos mis acusadores; día llegará que vosotros también los conozcáis, pero en mi comportamiento habéis de encontrar ejemplo, no por ser mío, sino porque muy cerca de la muerte me siento también muy próximo a Dios Nuestro Señor, y mi comportamiento con respecto a mis acusadores es de misericordia y perdón.

           

            Sea ésta mi última voluntad: perdón, perdón y perdón; pero indulgencia que quiero vaya acompañada del deseo de hacerles todo el bien posible. Así pues, os pido que me venguéis con la venganza del cristiano: devolviéndoles mucho bien a quienes han intentado hacerme mal.

           

            Si algunos de mis trabajos (fichas, documentos, artículos, etc.), interesaran a alguien y pudieran servir para propagación del catolicismo, entregárselos y que los use en provecho de la Religión.

           

            No puedo dirigirme a ninguno de vosotros en particular, porque sería interminable. En general sólo quiero que continuéis como siempre: comportándoos como buenos católicos. Y sobre todo a mi ahijadita tratarla con el mayor esmero en cuanto a educación; yo que no puedo cumplir este deber de padrinazgo en la tierra, seré su padrino desde el cielo e imploraré porque sea modelo de mujeres católicas y españolas.

           

            Si cuando las circunstancias lleguen a normalizarse podéis, haréis lo posible porque mis restos sean trasladados con los de mi madre; si ello significa un sacrificio grande, no lo hagáis.

           

            Y nada más; me parece que estoy en uno de mis frecuentes viajes y espero encontrarme con todos en el sitio a donde embarcaré dentro de poco: en el cielo.

           

            Allí os espero a todos y desde allí pediré por vuestra salvación. Sírvaos de tranquilidad el saber que la mía, en las últimas horas, es absoluta por mi confianza en Dios.

           

            Hasta el cielo. Os abrazo a todos. Bartolomé.”

 

“Prisión Provincial de Jaén 1º de Octubre 1936

           

            Maruja del alma: Tu recuerdo me acompañará a la tumba y mientras haya un latido en mi corazón, éste palpitará en cariño hacia ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales ennobleciéndolos cuando los amamos en Él. Por eso aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte.

 

            Estoy asistido por muchos sacerdotes que cual bálsamo benéfico van derramando los tesoros de la Gracia dentro de mi alma, fortificándola; miro la muerte de cara y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo.

 

            Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el Tribunal de Dios; ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido; al querer sentenciarme, me han absuelto y, al intentar perderme, me han salvado. ¿Me entiendes?... Claro está, puesto que al maltratarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de Religión, Patria y Familia, me abren de par en par las puertas de los cielos.

 

            Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén; cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, sólo quiero pedirte una cosa: que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nada nos separará.

            Hasta entonces pues, Maruja de mi alma. No olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues al final de la partida de nada sirven los bienes y goces terrenales si no acertamos a salvar el alma.

 

            Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, Maruja mía y que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración.

 

            Sé fuerte y rehace tu vida, eres joven y buena y tendrás la ayuda de Dios que yo imploraré desde su Reino.

 

            Hasta la eternidad, pues, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Bartolomé”[95].

 

 

4.2. Los mártires de la Inspectoría Céltica de Madrid (1936-1937)

 

            La Inspectoría Salesiana Céltica de Santiago el Mayor, con sede en Madrid, contaba en 1936 con 230 salesianos y 17 novicios, que constituían 16 comunidades que vivían y trabajaban en otras tantas obras o casas salesianas distribuidas por el centro y norte de la España peninsular.

 

            Si de los 42 mártires de este grupo, se excluyen los cinco que no eran profesos, los 37 restantes constituyen el 16%, o sea, la sexta parte de los profesos existentes en julio de 1936, porcentaje algo más elevado que el 12% de la Inspectoría Tarraconense y doblado respecto al 8% de la Bética. La causa de este número mayor de mártires, tanto en términos absolutos como relativos, parece que deba atribuirse a una mayor dureza de la persecución en Madrid, pero también al hecho de que, bastantes de los salesianos mártires, continuaran haciendo vida de comunidad en las pensiones de Madrid donde se refugiaron, cuando fueron expulsados de sus casas por los milicianos.

 

            Exceptuando los tres salesianos (Pedro Artolozaga, Manuel Borrajo y Dionisio Ullívarri) de la comunidad del colegio María Auxiliadora de Salamanca, ocasionalmente en Madrid; y los dos (Andrés Gómez y Antonio Cid) de la comunidad del colegio, llamado también de María Auxiliadora, de Santander, todas las demás bajas corresponden a las cuatro comunidades salesianas existentes en Madrid y a la cercana de Mohernando (Guadalajara), distribuidas así: Carabanchel Alto, pueblo entonces cercano a la capital de España, 10 (los salesianos Enrique Saiz, director, Félix González, Juan Codera, Virgilio Edreira, Pablo Gracia, Carmelo Pérez y Teódulo González, y los aspirantes a la vida salesiana Tomás Gil, Federico Cobo e Higinio de Mata); Atocha 8 ( los salesianos Justo Juanes, Victoriano Fernández, Emilio Arce, Ramón Eirín, Mateo Garolera, Anastasio Garzón, Francisco J. Martín López de Arróyave y el empleado seglar Juan de Mata); Paseo de Extremadura 6 (Germán Martín, José Villanova, Esteban Cobo, Francisco Edreira, Manuel Martín y Valentín Gil); Estrecho 4 (Pío Conde, Sabino Hernádez, Salvador Fernández y Nicolás de la Torre) y Mohernando 9 (el director Miguel Lasaga, el coadjutor José María Celaya, el sacerdote novicio Andrés Jiménez y los jóvenes salesianos Luis Martínez Alvarellos, Juan Larragueta, Florencio Rodríguez, Pascual de Castro Herrera, Esteban Vázquez y Heliodoro Ramos).

 

            Por el lugar de martirio, lo asesinados se distribuyen de esta manera: 27 en Madrid y 5 en Paracuellos del Jarama, pueblo de la provincia de Madrid, 8 en Guadalajara, 1 en Santander y 1 en Bilbao. Todos fueron ejecutados en 1936, excepto un sacerdote de la casa salesiana del barrio madrileño de Estrecho y otro de la casa María Auxiliadora de Santander, desaparecidos ambos en 1937.

 

            De 16 de los 42 mártires de la Inspectoría Céltica se desconoce dónde resposen sus restos mortales, una circunstancia, con otras, de la que ya fue consciente la Congregación para las Causas de los Santos desde la reunión que ésta celebró el 24 de noviembre de 2004, más de tres años antes de la beatificación. Pero allí se concluyó que la certeza moral del hecho del martirio de todos ellos, no obstante el desconocimiento del lugar donde reposaran sus restos, no podía ponerse en duda. Para la Congregación vaticana, la explicación de esta circunstancia está en la misma persecución religiosa que tuvo lugar en España durante los años treinta del siglo XX, la cual se caracterizó por la falta de tribunales adecuados para juzgar y dictar sentencia; por la proliferación de grupos anárquicos, que actuaban por libre, coincidentes, no obstante, entre sí en el odio que manifestaban hacia todo sentimiento religioso y en el revanchismo contra la Iglesia;  por el interés que los perseguidores mostraban hacia la actuación clandestina, para evitar que hubiera testigos oculares que pudieran denunciarlos. Las muertes de las víctimas en lugares imprevisibles y su inhumación en sepulturas colectivas o en fosas anónimas y el interés de sus autores por no ser incriminados ante las autoridades en estos hechos criminales, son también características de la persecución religiosa en España que explicarían el desconocimiento del lugar dónde resposan los restos de 16 de los 42 mártires de la Inspectoría Céltica de Madrid[96].

 

            Entre estos 16 “desaparecidos” está el coadjutor Ramón Eirín Mayo, de la casa de la Ronda de Atocha de Madrid. Cuando los milicianos iniciaron el asalto al colegio el día 19 de julio de 1936, éste saltó a la calle por una ventana y se pudo poner a salvo en el portal de un edificio cercano. Al verse obligado por los porteros de la casa en cuyo portal se había escondido, a marcharse de allí, se dirigió primero a la pensión Vigo, situada en la madrileña plaza de Santo Domingo. Luego se trasladó a otra situada en la calle Antonio Grilo, 6, también de Madrid.

 

            Algún tiempo después, se puso a trabajar como enfermero en el Asilo de Ancianos Incurables de la calle Atocha. Allí fue detenido el 15 de diciembre de 1936. Eran las seis de la tarde. Dos deconocidos entraron en el hospital, acompañados de milicianos y se lo llevaron. No se supo nada más de él.

 

            Que, más tarde o más temprano, don Ramón podía ser también víctima de la persecución religiosa en España, era algo que ya presentía él mismo desde el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Pero gracias a sus arraigadas convicciones religiosas se mantuvo siempre tranquilo y sereno. Así se lo decía a su madre en la carta que le escribió el 24 de febrero de 1936:

           

“Querida madre: Recibí la suya por la que me alegré mucho si bien algunas de las noticias no eran del todo satisfactorias.

 

            En primer lugar le doy las gracias por su atención en mandarme las señas en donde se encuentra mi hermana María; pero ahora le voy a decir también que ya no tengo prisa en ir a visitarla pues creo que sería capaz de decir que cuando me encuentro en peligro o necesitado es cuando se me ocurre ir a verla. Por esto mismo creo oportuno dejarla para más adelante cuando los ánimos de los revolucionarios se hayan apaciguado.

            Con esto no quiero decir que ahora me encuentre necesitado o bien que mi vida está en peligro, no, nada de esto me sucede. Los superiores piensan a todo y en todos y dado el caso en que las gentes nos molestasen ya tenemos casas particulares donde refugiarnos, de modo que ya ve Vd. que no nos puede suceder nada; además nosotros estamos en las manos de Señor y por esto mismo no hay que temer.

 

            Vd. tiene que tranquilizarse pues ya sabe Vd. Que no caerá un solo cabello de nuestra cabeza sin que el Señor lo permita. Dice Vd. que es un hecho lo de la quema del colegio de los PP. Jesuitas en esa ciudad; pues esto aún no es nada; España tiene que caer en el caos del orden y de las injusticias para que el pueblo español [...] se desengañe y renuncie a las falsas doctrinas que infectan nuestra querida patria. Solamente cuando la desolación  y la miseria inunden nuestro suelo volverán las gentes al verdadero Dios, al Dios de la justicia y de la misericordia. Sí, recemos todos para que estos días de aflicción queden reducidos a su mínima expresión. Un hijo que la ama. Ramón”[97].

 

            Entre los mártires de la Inspectoría Salesiana Céltica de Madrid, nos encontramos con un grupo de salesianos jóvenes que, cuando la persecución que les llevó al martirio alcanzó su máximo apogeo en España, estaban todavía realizando alguna de las etapas del proceso formativo en una casa de formación: noviciado y estudiantados filosófico y teológico. Uno de esos jóvenes mártires es Pascual de Castro Herrera, nacido en Topas, Salamanca. En el verano de 1935 había ingresado en el noviciado de Mohernando, Guadalajara, profesando allí mismo como salesiano, el 23 de julio de 1936, es decir, cinco días después de que hubiera comenzado la Guerra Civil. El mismo día de la profesión religiosa, precisamente, Pascual, junto con todos los moradores de la casa salesiana de Mohernando, fue detenido, siendo luego trasladado a la cárcel de Guadalajara el 2 de agosto. Allí permaneció recluído hasta que, el 6 de diciembre de 1936, lo fusilaron, a él, a su director y a cinco jóvenes salesianos más, compañeros suyos. He aquí la carta que Pascual, todavía novicio, le escribía a sus padres el 28 de junio de 1936:      

 

 “Amatissimi genitori:

 

Ricevetti le vostre due ultime lettere alle quali non ho ancora risposto. Non vi affliggete, per questo: nulla di particolare e, come già vi ho detto altre volte, queste popolazioni sono pacifiche e non ci assalgono. E se ci assalissero, che c’è di strano? È nostra eredità soffrire persecuzioni, poiché Gesù Cristo disse: “Il discepolo non può essere da più del maestro; se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi”. Perciò non c’è da stupire che brucino chiese e maltrattino Sacerdoti e Suore giacché è necessario che così avvenga affinché si compia la profezia del Signore.

 

Ciò che è triste è vedere che alcuni vedendo ciò s’intimidiscono, non si arrischiano a manifestarsi cattolici! Codardi! In che cosa si assomigliano essi ai diciotto milioni di cristiani che morirono per confessare la loro fede e che sono detti martiri? Animo, adunque, poiché il Signore dice: “Colui che mi confesserà dinanzi agli uomini, io lo confesserò dinanzi al mio Padre Celeste”. È come dire: colui che pratica y comandamenti senza rispetto umano, questi soltanto, io farò entrare in Cielo.

 

Suppongo abbiate ricevuto due stampati che ho inviato perchè siate alquanto informati della grandezza della Congregazione Salesiana la quale dovete amare anche voi.

 

Io procurerò mandarvi ciò che posso di questi articoli e voi non solo dovete leggere, ma anche passarli ad altri affinché li leggano.

 

Guarderò di ottenere come possiate abbonarvi al Bollettino Salesiano, che è una rassegna nella quale si vede tutto il movimento delle opere Salesiane in Spagna ed in America.

 

Il giorno 15 cominceremo intanto gli Esercizi Spirituali per terminarli sicuramente il 24 giacché durano 10 giorni: nel giorno finale sarà la professione, non dirò la mia, perché non lo so.

 

Pregate molto, moltissimo per me questi giorni affinché termini bene il Noviziato e faccia molto bene gli Esercizi, in modo che al termine di essi possa fare ciò che Dio vuole. Vi supplico di pregare e di fare la Comunione  per le mie necessità. Dicevate che quest’anno guadagnano molto i braccianti e che c’è poco raccolto. Ebbene, qua è lo stesso. Nel terreno di casa hanno seminato circa venti “fanegas” d’orzo, ma lo segano soltanto i Coadiutori, perché noi studenti o chierici dobbiamo studiare.

 

Noi Novizi abbiamo avuto gli esami questi ultimi giorni, terminati giovedì, però adesso dobbiamo pensare a cose più serie, com’è questa: che stiamo per consacrarci a Dio con voto, per cui occorre essere ben preparati.

 

Nella Professione viene rimessa anche la pena temporale: si resta come se si fosse appena ricevuto il Battesimo. Ma quale preparazione si rende necessaria! Sapendo ciò non sarete stupiti della mia insistenza nel chiedervi preghiere!”[98].

 

                La Inspectoría Salesiana Céltica de Madrid cuenta, por último, entre sus filas con muchas otras víctimas, no mártires de la persecución. Nos referimos, por supuesto, a ese gran número de salesianos de la Inspectoría que pasó largos meses en las cárceles y checas o tuvo que soportar duros trabajos en brigadas disciplinarias o de castigo, pero, sobre todo, a los que perdieron su vida en los campos de batalla o desmoronados por la enfermedad, efecto de privaciones y sufrimientos durante el tiempo que duró la persecución[99].

 

4.3. Los mártires de la Inspectoría Tarraconense de Barcelona (1936-1938)

 

            En 1936, los salesianos profesos de la Inspectoría Salesiana Tarraconense de Nuestra Señora de la Merced, con sede en Barcelona, eran 249, y los novicios, 8. A ellos habría que añadir unos 10 estudiantes que se encontraban en Roma, Turín o Madrid, y unos cuantos profesos más que residían, en algunas de las repúblicas hispanoamericanas, por motivos de servicio militar.

 

            De todos los residentes en la inspectoría, fueron asesinados 29, esto es, un 12% aproximadamente[100]. Los otros tres mártires de la Familia Salesiana de la Inspectoría Tarraconense, de un total de 32 beatificados en Roma por el Papa Juan Pablo II, el 11 de marzo de 2001, son dos hijas de María Auxiliadora y un seglar empleado en la casa salesiana de San Vicenç dels Horts.

 

            En Barcelona o alrededores, las víctimas de la persecución fueron 21: las dos salesianas de la casa Santa Dorotea, de Barcelona-Sarriá, Alexandre Planas, un seglar que vivía y trabajaba con la comunidad de San Vicenç y 18 salesianos. De éstos, 12 estaban vinculados a la presencia salesiana de Barcelona-Sarriá: los sacerdotes Francisco Bandrés, Sergio Cid y Josep Batalla, los coadjutores Josep Rabasa, Gil Rodicio, Ángel Ramos y Jaime Ortiz, el joven salesiano Zacarías Abadía, tirocinante[101], y los estudiantes Felipe Hernández, Xavier Bordas, Félix Vivet y Miquel Domingo; 2 pertenecían a la comunidad de la casa salesiana de Barcelona-Tibidabo: los sacerdotes José Caselles y José María Castell; 2 más, a la comunidad de la casa de Barcelona-Rocafort: Josep Bonet y su primo hermano Jaume Bonet, ambos sacerdotes. Por último, en los alrededores de Barcelona, fueron asesinados otros 2 salesianos: Eliseo García, coadjutor vinculado a la casa de San Vicenç dels Horts y Juli Junyer, sacerdote vinculado a la comunidad de la casa de Girona.

 

            En Valencia, el segundo escenario martirial de la Inspectoría Salesiana Tarraconense, de los 37 salesianos que estaban participando en una tanda de ejercicios espirituales, perecieron asesinados 11: el inspector, José Calasanz Marqués, que como tal presidía la tanda; el sacerdote ejercitante procedente de la casa salesiana de Alcoy, José Giménez y 7 salesianos más vinculados a la comunidad de la casa de Valencia: los sacerdotes Antonio Martín, Recaredo de los Ríos, Julian Rodríguez y Juan Martorell, los coadjutores Agustín García y Jaume Buch y el joven maestro[102] Pedro Mesonero. Los dos mártires que completan el total de 11 salesianos asesinados en este segundo escenario martirial de la Inspectoría Salesiana Tarraconense, pertenecían a la comunidad de la casa salesiana de Alcoy, aunque hallaron el martirio fuera de esta ciudad de la provincia de Alicante.  De uno de ellos, el sacerdote José Otín, se sabe que, desde finales de noviembre de 1936, vivió refugiado en una fonda de la calle don Juan de Austria, n. 17 de Valencia. Pero alguien, probablemente de la misma fonda, debió sospechar de él y lo denunció a los de la FAI (Federación Anarquista Ibérica). Éstos lo detuvieron y se lo llevaron. Nadie supo más de él[103]. El otro mártir también vinculado a la comunidad de Alcoy era el joven sacerdote Álvaro Sanjuán. Éste llevaba ya un par de meses con la familia en Concentaina, población cercana a Alcoy, cuando, por medio de un bando, se exigió que se presentaran en el Comité todos los que habían llegado a la localidad a partir del 18 de julio. El joven sacerdote salesiano fue uno de los que se presentaron.

 

         “A finales de septiembre –sería el 26 o el 27-, dos milicianos de Alcoy se presentaron en su casa. Les habían avisado desde el Comité de Concentaina. ‘Madre, ahora nos toca a nosotros’, dijo. Y se lo llevaron. Estuvo encerrado unos días en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, de Alcoy, que funcionaba provisionalmente como cárcel. Su hermana Elodia pudo visitarle aún el 1 de octubre: ‘Cuando me vio, me abrazó llorando y me respondió que sabía lo iban a matar. Su mayor preocupación era que no me preocupara de él, sino de mis padres. Tales fueron sus últimas palabras’. Lo  fusilaron y lo remataron con el tiro de gracia. Para los Comités y los milicianos de la CNT la cosa estaba clara: ‘Sotana que pillamos, sotana que matamos’[104].

 

            Según ha quedado dicho más arriba, uno de los mártires de la Inspectoría Salesiana Tarraconense, es don José Calasanz Márqués, el inspector o superior religioso de la misma. En efecto, don José, estaba en Valencia desde el 16 de julio, presidiendo una tanda de ejercicios espirituales, como inspector que era. A partir del sábado 18, no obstante la nueva situación que, desde este día, se empezó a crear en la capital valenciana, don José optó por tranquilizar a sus salesianos y dispuso que no se interrumpiera la marcha habitual de los ejercicios. Pero esta opción resultó inútil, porque la tensión exterior era cada vez más fuerte. El martes 21 de julio, todos los salesianos residentes en la casa San Antonio Abad de Valencia –ejercitantes o no- fueron llevados a la Cárcel Modelo de la cercana localidad de Mislata. Desde allí, al día siguiente, 22 de julio de 1936, don José Calasanz escribió una carta al Rector Mayor, don Pedro Ricaldone:

 

         “Sólo unas líneas para comunicarle noticias de algunos y mías, ya que de otros no me es posible.

           

Estábamos de Ejercicios Espirituales en nuestra Casa de Valencia, y pensábamos terminarlos hoy.

 

            A pesar de haberse declarado la huelga general el lunes, pasamos tranquilos todo el día y la primera parte de la noche, pero desde la una de la madrugada comenzaron a sonar disparos alrededor de toda nuestra casa, y se iban repitiendo constantemente llegando a romper los cristales de nuestras ventanas los proyectiles que disparaban contra la Casa; después hemos sabido que desde el anochecer tenían sitiada la Casa.

 

            Ya puede imaginar la honda impresión y hasta miedo con que apresuradamente nos levantamos todos, y más no habiendo en casa una triste arma con que defendernos, si por ventura hubiéramos tratado de hacerlo; pero sin arma alguna, ¿qué podíamos hacer?

 

            Para fortificar nuestras almas y para evitar una profanación, algunos fueron a la Iglesia a retirar el Santísimo y comulgamos todos, consumiendo todas las sagradas formas.

            Sobre las cinco de la mañana y convencidos seguramente de que no nos defendíamos porque no teníamos armas, asaltaron nuestra Casa y, destruyendo cuanto encontraban a su paso, llegaron donde estábamos todos reunidos. Según cálculos debían de ser más de doscientos los asaltantes, y venían empuñando toda clase de armas y hasta de palos: nos cachearon y nos encerraron en una habitación. Según  se nos dio a entender, la intención era la de asesinarnos.

 

            Pocos momentos después llegaron fuerzas de seguridad, que tan repetidamente habíamos reclamado durante toda la noche desde que notamos los primeros disparos.

 

            Creíamos que estas fuerzas, reclamadas por nosotros, venían en nuestro socorro, pero lo acontecido es que nos han traído a todos (37 de los nuestros y 5 empleados) a esta cárcel celular de Valencia, desde donde le escribo no sé en cualidad de qué: alguno me ha dicho que como presos gubernativos, y hasta creo se ha dicho que acusados de haber hecho disparos, lo que es completamente falso porque, como he dicho, no teníamos en casa ni una triste arma.

 

            No sé el tiempo que nos tendrán aquí: Dios sabe si se prolongará por unos días o por semanas; y sé mucho menos la muerte que puede esperarnos, pero nuestra confianza está puesta en Dios y en la protección de María Auxiliadora y de nuestro Padre San Juan Bosco: no dudamos tampoco de su bendición y de las oraciones de usted y demás Superiores y hermanos.

 

            Ya puede figurarse cuánto lamento no poder comunicarle noticias de ninguna Casa: estamos incomunicados, y las noticias de este movimiento sedicioso son de lo más contradictorias.

 

            Por si puede salir pronto esta carta, pongo punto final. Encomendándonos a sus oraciones y pidiendo su bendición me repito affmo. José Calasanz[105].

 

            Cuando, inesperadamente, en la madruga del miércoles 29 de julio se les concedió a todos la libertad, el inspector recomendó a los suyos que se refugiaran en casas de familiares o bienhechores, les distribuyó una cantidad de dinero y fue despidiéndose personalmente de cada uno:

 

“Hay que tener confianza en la Divina Providencia” –decía, entre otras cosas-. “Y si nos matan, nos volveremos a ver en el cielo”. “Yo creo que estoy en gracia de Dios”[106].              

 

            Poco le duró la alegría de la liberación a don José Calasanz, porque fue detenido de nuevo por una patrulla de milicianos en la misma localidad de Mislata. Lo llevaron al Comité y allí lo registraron, encontrando en su maleta la sotana. Seguidamente lo subieron a una camioneta y, cuando iba camino de Valencia, le dispararon produciéndole la muerte. Su cadáver fue depositado después en la Casa de Socorro de la capital valenciana[107].

 

            Casi 65 años después de su muerte violenta, don José Calasanz Marqués sería beatificado, como ya sabemos, en Roma, el 11 de marzo de 2001, junto a un numeroso grupo de mártires de la persecución religiosa en España durante los años treinta del siglo XX. El que, en 1936, era  inspector de la Tarraconense, encabezaba concretamente la lista de 32 mártires de la Familia Salesiana: 29  salesianos, 1 seglar y 2 hijas de María Auxiliadora. Éstas llegaron a Barcelona el 21 de octubre de 1886 y, unos meses después, el 1 de mayo de 1887, se establecieron en una de las casas Gironella de Sarriá, no muy lejos de donde los Salesianos se habían establecido en 1884. Las salesianas organizaron allí el colegio Santa Dorotea. En 1931, año del advenimiento de la República en España, la casa Santa Dorotea y otras formaban la Inspectoría de Santa Teresa, constituida en 1908[108].

 

            Precisamente en la casa Santa Dorotea de Barcelona-Sarriá, –sede inspectorial y sede también del noviciado-, un buen grupo de salesianas había comenzado una tanda de ejercicios espirituales el viernes 17 de julio. Pero, dos días después, la inspectora sor Margarita Gay, dado que la revolución había estallado en las calles de la capital catalana, decidió interrumpirlos. Decidió, también, que las hermanas se cambiaran el hábito por el vestido civil, recogieran lo más indispensable y, salieran de la casa inspectorial inmediatamente. Antes entraron en la capilla para consumir, entre todas, las sagradas formas y encomendarse a Dios. A las siete de la tarde, la casa, el colegio, el noviciado...quedaron prácticamente vacíos.

 

            En el grupo de hermanas que se refugiaron en el vecino caserón de los señores Jahr, un matrimonio alemán de religión protestante, se hallaban sor Carmen Moreno[109] y sor Amparo Carbonell, las dos mártires salesianas de la persecución religiosa en España durante los años treinta del siglo XX, beatificadas también por el Papa Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001. Ninguna de las dos había querido salir – junto con 65 salesianas más- rumbo a Italia, para no dejar sola a otra salesiana –sor Carmen Xammar- convaleciente de una operación reciente de cáncer en una clínica cercana a la casa Santa Dorotea.

 

            En el caserón de la familia Jahr estaban las tres salesianas cuando, el 1 de septiembre de 1936, una patrulla de la FAI vino a efectuar un registro y se las llevó. Después de tres días de encierro en un Comité de la Federación Anarquista Ibérica, las interrogaron. A sor Carmen Xammar, herida de muerte por la enfermedad, la dejaron libre. A sor Carmen Moreno la tomaron equivocadamente por la directora de la institución y a sor Amparo Carbonell, por una súbdita suya. Pero ellas nunca negaron su condición de religiosas. “Murieron –señala una testigo- precisamente por el hecho de no haberlo negado”[110].

 

En resumen  

 

            El 18 de julio de 1936, una parte del Ejército español, se levantó en armas contra la República establecida en España desde el 14 de abril de 1931, pero este alzamiento, o también, este golpe de Estado, no triunfó en todo el territorio nacional. La consecuencia inmediata –y, desde luego, trágica- de este fracaso de la rebelión militar, sería el inicio de una guerra que, a lo largo de tres años (1936-1939), enfrentó a dos bandos de militares y civiles: el republicano, por un lado y el franquista o también llamado “nacional”, por otro.

 

            Al mismo tiempo, en el territorio que permaneció bajo obediencia republicana se puso en marcha la revolución, una de cuyas notas características sería la sangrienta persecución de la que fue objeto la Iglesia católica española. Esta persecución no habría comenzado el 18 de julio de 1936, sino, más bien, el 14 de abril de 1931. Con otras palabras, esta persecución habría comenzado a gestarse poco después de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, y alcanzaría su máximo apogeo poco después del comienzo de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936.

 

            En efecto, la Iglesia católica española había aceptado el nuevo régimen republicano por expresas instrucciones de la Santa Sede al nuncio Tedeschini, pero las fuerzas que habían tomado el rumbo de la República no parece que estuvieran dispuestas a aceptar estos proyectos. Y apenas un mes después de la proclamación del nuevo régimen, ocurrían unos acontecimientos inesperados que iban a poner sobre el tapete la cuestión religiosa: durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 1931 en diversas ciudades españolas, los asaltos, el saqueo y el incendio de iglesias y conventos fueron episodio corriente sin que la fuerza pública interviniera en su favor hasta que la situación se hizo insostenible.Después de este episodio denominado como la “quema de conventos”, los incendios se repitieron por toda España de manera constante.

 

A partir de los sucesos de mayo y, con su pasividad, el Gobierno provisional de la República había dado alas al anticlericalismo popular de los partidos revolucionarios, al menos tolerando sus manifestaciones de violencia. Los incendios de mayo permitieron también que, a partir de ese momento, se planteara en España la cuestión religiosa como un problema candente. Desde ahora, se manifestaría, además, el anticlericalismo intelectual de los viejos partidos republicanos y liberales, a través de medidas de carácter legislativo pero de gran trascendencia como los artículos de la Constitución y las disposiciones complementarias.

 

Con ocasión de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias, la persecución religiosa daría un salto cualitativo de trascendental importancia ya que se produjeron los primeros asesinatos de sacerdotes, religiosos y seminaristas. Una vez desarticulada esta llamada Revolución de Asturias, los atentados antirreligiosos son muy escasos. En cambio, a partir del triunfo del Frente Popular, en las elecciones legislativas de febrero de 1936, los incendios y agresiones volvieron a ser episodio corriente hasta desembocar en la explosión sin precedentes de los primeros meses de la Guerra Civil.

 

Desde julio de 1936 hasta marzo de 1939, sólo las personas consagradas a Dios –sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas- sacrificadas en la persecución religiosa fueron alrededor de 7.000 –unos 10.000 si tenemos en cuenta los seglares-. El momento en que se sitúa el máximo de víctimas oscila, según las zonas, entre los diversos meses del verano y el otoño de 1936; pero en la mayoría de las provincias fue agosto el mes que concentra las cifras más elevadas. A partir de diciembre de 1936 y de los primeros meses de 1937 hay un descenso progresivo del número de víctimas y desde mayo de ese mismo año, y hasta el final de la guerra, las cifras de eclesiásticos sacrificados son ya muy reducidas aunque ésto no quiere decir que terminara la persecución.

 

Entre los sacrificados hay también un numeroso grupo vinculado a la Familia Salesiana de san Juan Bosco, presente en España desde 1881: salesianos, hijas de María Auxiliadora, cooperadores... Todos ellos, como muchos más desde el año 1987, han sido ya beatificados, es decir incluidos en el martirologio cristiano. Esto quiere decir que la Iglesia católica los ha reconocido, oficial y públicamente, como testigos de la fe cristiana en “la gran persecución”[111] que se desencadenó en España durante los años treinta del siglo XX. La Iglesia católica, en efecto, ha certificado que son mártires porque, tras un largo y riguroso proceso, ha quedado demostrado que “fueron sacrificados por motivos preferentemente religiosos, por odio a la fe cristiana o por cuestiones relacionadas con la misma: no estaban implicados en luchas partidistas, no tenían armas ni daban cobijo a desertores, jamás habían atentado contra la República legítimamente constituida ni eran reos de delitos comunes”[112]   

 


 

[1] José María GIRONELLA POUS, Un millón de muertos. Barcelona 1961.

[2] La referencia a esta carta puede verse en otra publicada por ABC de Madrid el día 20 de marzo de 1976, firmada por  don Carlos Fernández.

[3] Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra en España.  Pamplona 1937.

[4] Julián  CASANOVA, República y guerra civil. Volumen 8, en Josep FONTANA-Ramón VILLARES (Direct.), Historia de España, Madrid 2007, p. 407.

[5] Vicente  CÁRCEL ORTÍ, Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936. Madrid 2008, p. 37.

[6] Ibid., p. 37.

[7] Ibid., p. 37.

[8] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Beatificación de 498 mártires del siglo XX en España. Dossier informativo. Madrid 2007, p. 5.

[9] Cf  Antonio MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa en España (1936-1939). Madrid 1961.

[10] Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939). Madrid  1990. ID., La gran persecución. España, 1931-1939.(Historia de cómo intentaron aniquilar a la Iglesia católica). Barcelona 2000.

[11] JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Tertio Millenio Adveniente. N. 37.

[12] Cf Ramón ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona (1936-1938). Madrid, 2001, pp. 73-79.

[13] Cf  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Beatificación de 498 mártires..., pp. 1-9.

[14] Cf  María Encarnación GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Edit.), Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX. Madrid 2007.

[15] Javier TUSELL-Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El catolicismo mundial y la Guerra de España. Madrid 1993, p. 9.

[16] Hugh THOMAS, La guerra civil española. París 1967, p. 197.

[17] J. TUSELL-G. GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El catolicismo mundial..., pp. 9-10.

[18] Cf Ángel David MARTÍN RUBIO, Los mitos de la represión en la Guerra Civil. Madrid 2005.

[19] Cf. Manuel NIETO CUMPLIDO-Luis Enrique SÁNCHEZ GARCÍA, La persecución religiosa en Córdoba. 1931-1936. Córdoba  1998.

[20] Cf  Vicente CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles del siglo XX. Madrid 1995.

[21] Ibid., p. 44.

[22] Juan María LABOA GALLEGO, Iglesia e intolerancias: la guerra civil. Madrid 1987, p. 114.

[23] Miguel  MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partidos políticos en España  (1868-1931) II. Madrid 1969, p. 855.

[24] Cf Giacomo MARTINA, L’età contemporanea in Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. Brescia 1995, p. 182.

[25] Cf  Francisco MÁRTÍN HERNÁNDEZ, Caminos de la Iglesia en España. Madrid 1998, pp. 107-113.

[26] Cf José María GARCÍA ESCUDERO, El Pensamiento de El Debate. Un diario católico en la crisis de España (1911-1936). Madrid 1983.

[27] Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., pp. 44-45.

[28] Cf  Julio GIL PECHARROMÁN, Segunda República Española (1931-1936). Madrid 2006, p. 196.

[29] José  ORTEGA Y GASSET, Obras completas. Tomo XI: Escritos políticos II (1922-1933). Madrid 1969, pp. 408-409.

[30] Salvador DE MADARIAGA, España. Ensayo de historia contemporánea. Madrid 1978, p. 420.

[31] José María GIL ROBLES, No fue posible la paz. Barcelona 1978, p. 40.

[32] Cf  V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., pp. 45-49.

[33] J. TUSELL-G. GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El catolicismo mundial..., p. 10.

[34] Sobre el anticlericalismo español, Cf José María DÍAZ MOZAZ, Apuntes para una sociología del anticlericalismo. Madrid 1976. Julio CARO BAROJA, Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español. Madrid 1980.

[35] “In Spagna la massoneria raccoglieva no solo intellettuali ma anche operai […]. Divisa in vari gruppi (Grande Oriente Nazionale, in declino dal 1920, Grande Oriente Spagnolo, Grande Loggia Catalana…), travagliata da dissensi interni, per motivi sociali (discordie tra i massoni delle classi subalterne e quelli dell’alta e media borghesia), regionali (gelosie fra andalusi e madrileni), pratici ( i radicali, soprattutto andalusi, tendevano alla lotta politica, mentre i moderati favorivano un indirizzo apolitico), la massoneria conobbe forti personalità, come Diego Martínez Barrio, Gran Maestro per lunghi anni, ottimo organizzatore e buon politico. Come negli altri paesi, anche in Spagna la massoneria, in una società ancora per molti aspetti cristiana, soprattutto quando  dal 1915 al 1920 si fecero più forti le tendenze antiliberali che portarono alla dittatura di Primo de Rivera, mirava alla laicizzazione della società: divorzio, scuola laica, soppressione del bilancio del clero, secolarizzazione dei cimiteri, lotta contro i gesuiti…L’anticlericalismo era divenuto via via la ragione fondamentale della massoneria spagnola”.  Giacomo MARTINA, L’età del liberalismo in Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri gionii. Brescia 1995. pp. 337-338

[36] Cf  M. NIETO CUMPLIDO-L. E. SÁNCHEZ GARCÍA, La persecución religiosa..., pp. 21 ss.

[37] Isidro GOMÁ, Carta Pastoral Horas graves. Barcelona 1933, pp. 24-25.

[38] Vicente  PALACIO ATARD, Cinco historias de la República y de la Guerra. Madrid 1973. p. 41.

[39] Cf  M. NIETO CUMPLIDO-L. E. SÁNCHEZ GARCÍA, La persecución religiosa..., pp. 25-27.

[40] Citado por F. MARTÍN HERNÁNDEZ, Caminos de la Iglesia…, p. 109.

[41] Cf  G. MARTINA, L’età del liberalismo..., pp. 322-324.

[42] A. MONTERO MORENO, Historia de la persecución..., p. 25.

[43] Cf  Juan TUSQUETS, Orígenes de la revolución española. Barcelona  1932, pp. 105-109.

[44] Niceto ALCALÁ ZAMORA, Memorias: (segundo texto de mis memorias). Barcelona  1977, p. 185.

[45] V. PALACIO ATARD, Cinco historias..., p. 45.

[46] N. ALCALÁ ZAMORA, Memorias..., p. 185.

[47] Cf  Miguel MAURA, Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra. Barcelona 1968, p. 264.

[48] Sobre el obispo de Vitoria, don Mateo Múgica,  Cf  Carlos  MOREDA DE LECEA, Don Mateo Múgica Urrestarazu. Pamplona 1992.

[49] N. ALCALÁ ZAMORA, Memorias..., p. 190.

[50] Ibid., p. 190.

[51] Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., pp. 54-60.

[52] Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. 3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación a los fines de la Asociación. 7ª. Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

[53] Cf J. GIL PECHARROMÁN, Segunda República..., pp. 54-57.

[54] Además del artículo 26, contra la Iglesia católica se puede decir que iban también los artículos 3, 27 y 48 de la Constitución republicana de 1931.

[55] Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., pp. 60-61.

[56] Cf  J. GIL PECHARROMÁN, Segunda República..., pp. 196-200.

[57] Cf  Vicente CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en la España contemporánea. Madrid 2002, pp. 55-57.

[58] Cf  J. GIL PECHARROMÁN, Segunda República..., p. 299-300.

[59] Cf  V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles…,  pp. 62-66

[60] Citado por  J. GIL PECHARROMÁN, Segunda República..., p. 200.

[61] A. MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa..., p. 41.

[62] Sobre la revolución de Anturias, Cf  Juan-Simeón VIDARTE, El bienio negro y la insurrección de Asturias. Barcelona 1978. 

[63] Citado por V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia..., p. 159.

[64] Cf  J. GIL PECHARROMÁN, Segunda República..., pp. 311-312.

[65] Cf  V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia..., p. 160.

[66] V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia...,  p. 160.

[67] Cf  ID.,  Mártires españoles..., pp. 66-71.

[68] ID., Historia de la Iglesia..., pp. 163-164.

[69] A. MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa..., p. 52.

[70] Cf  V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., pp. 74-81. ID., Historia de la Iglesia..., pp. 165-171.

[71] Jesús IRIBARREN, Documentos colectivos del Episcopado español. 1870-1974. Madrid 1974, p. 43.

[72] Cf Luis CARRERAS, Grandeza cristiana de España. Notas sobre la persecución religiosa. Toulouse  1938.

[73] Citado por V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia..., p. 171.

[74] Citado por V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia..., pp. 166-167. El texto íntegro del Memorandum se publicó en la obra de Andrés María de Irujo, hermano de Manuel, con el seudónimo A. DE LIZARRA, Los vascos y la República española. Contribución a la historia de la Guerra Civil. Buenos Aires 1994, pp. 201ss.

[75] Stanley G. PAYNE, La revolución española. Barcelona 1970. pp. 229-230.

[76] ID., El catolicismo español. Barcelona 1984, p. 224.

[77] Sobre víctimas en el País Vasco, Cf José ECHEANDÍA, La persecución roja en el País Vasco. Estampas de martirio en los barcos y cárceles de Bilbao. Memoria de un ex cautivo. Bilbao 1945.

[78] V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., p. 83.

[79] J. IRIBARREN, Documentos colectivos..., p. 234.

[80] Citado por V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles..., p. 84.

[81] L. CARRERAS, Grandeza cristiana de España..., p. 114.

[82] Ibid., p. 42.

[83] Cf A. MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa..., pp. 627-653.

[84] Citado por V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia..., pp. 173-174.

[85] V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles…, p. 86.

[86] Cf Ángel MARTÍN GONZÁLEZ, Los Salesianos de Utrera en España. Una institución al servicio del pueblo. Sevilla 1981.

[87] Cf Ramón ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona (1936-1938). Madrid 2001. Pablo MARÍN, Los mártires salesianos de Madrid, Sevilla, Bilbao y León (1936-1937). Madrid 2007. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Semblanza biográfica de los nuevos beatos salesianos oriundos de Galicia. Testimonio martirial (1936-1937). Madrid 2007. Severiano SANZ GIL. Los tres mártires salesianos de Rábano (Valladolid). Madrid 2007.

[88] Cf José DÍAZ-COTÁN, Cien años de presencia salesiana en Ronda (1902-2002). Córdoba 2001.

[89] Cf Dos meses entre los rojos, en “Boletín Salesiano”, enero, febrero, marzo, mayo, julio, octubre 1937, pp. 20-23, 43-46, 67-70, 115-117, 163-165, 236-237.

[90] Nombre dado por el “Comité de Defensa” frentepopulista de Ronda, a los aspirantes a la vida salesiana de Montilla (Córdoba) que, acompañados por cuatro salesianos, se encontraban en la localidad malagueña pasando el verano, cuando se produjo la rebelión militar contra la República, el 18 de julio de 1936.

[91] Cf La semana roja de Morón: 18-25 de julio de 1936, en “Boletín Salesiano”, febrero, abril, mayo, junio 1938. 

[92] La huida de don Rafael Infante se narra en “Boletín Salesiano” de junio de 1938, pp. 140-141.

[93] Cf Jesús BORREGO, Los hombres de nuestra historia centenaria. Semblanzas de los salesianos fallecidos en la Inspectoría Bética de “María Auxiliadora”. Tomo I: 1881-1954. Sevilla 2002, p. 134.

[94] Los mártires salesianos de la Inspectoría Bética de Sevilla. Manuel Fernández Ferro. Archivio Postulazione, Roma-Direzione Generale Opere Don Bosco.

[95] Las cartas y otros escritos del mártir Bartolomé Blanco Márquez se consevan custodiados por la familia en su casa de Pozoblanco (Córdoba).

[96] Cf CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Relatio et vota. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Henrici Saiz Aparicio et LXII Sociorum et Societate Sancti Francisci Salesii in odium fidei, uti fertur, interfectorum. Roma 2005, p. 6.

[97] Los mártires salesianos de la Inspectoría Céltica de Madrid. Ramón Eirín Mayo. Archivio Postulazione, Roma-Direzione Generale Opere Don Bosco.

[98] Los mártires salesianos de la Inspectoría Céltica de Madrid. Pascual de Castro Herrera. Archivio Postulazione, Roma-Direzzione Generale Opere Don Bosco. En el  Archivo de la Postulación solamente hemos encontrado copia de la carta en italiano.

[99] Cf  José Luis BASTARRICA-José MALLO, 1936-1939: Tres años de historia salesiana. Madrid 1970.

[100] Además del estudio de Ramón ALBERDI, ya citado, Cf Amadeo BURDEUS, Lauros y palmas. Crónica de la Inspectoría Salesiana Tarraconense durante la revolución roja. Barcelona 1958 (la primera edición es de 1950). Basilio BUSTILLO, Hombres de nuestra historia. Semblanzas Salesianas de la Inspectoría de Valencia, 1913-1980. Madrid 1981. ID., A la sombra del gran árbol. Memoria de nuestros hombres. Barcelona 1984. 

[101] El joven salesiano mártir Zacarías Abadía, nacido en Almuniente, provincia y diócesis de Huesca, profesó como salesiano en 1930. Destinado al colegio del Santo Ángel de Sarriá para las prácticas pedagógicas (tirocinio), al concluir el curso 1935-1936, sólo deseaba comenzar a estudiar la teología, ordenarse de sacerdote y marchar a las misiones. Pero la revolución de julio deshizo brutalmente tales proyectos. Cf R. ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona..., p. 139.

[102] Pedro Mesonero Rodríguez, de Aldearrodrigo, provincia y diócesis de Salamanca, profesó como salesiano en Girona en 1931 y, a los tres años, se encontraba en el colegio salesiano de Valencia como joven maestro. Allí le sorprendió la revolución de julio y tuvo que correr la misma suerte que los demás salesianos. Cf. R. ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona..., p. 109.

[103] Ibid., pp. 111-112.

[104] Ibid., pp. 115-116.

[105] Los mártires salesianos de la Inspectoría Tarraconense de Barcelona.. Archivio Postulazione, Roma-Direzione Generale Opere Don Bosco.

[106] CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Summ., p. 38, n. 94 en  Positio Super Martyrio. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Josephi Calasanz Marques et XXXI Sociorum. Roma 1995.

[107] Cf R. ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona..., pp. 89-91.

[108] Cf  María F. NÚÑEZ MUÑOZ, Las Hijas de María Auxiliadora en Andalucía y Canarias: 1893-1993. Sevilla 1994.

[109] Cf  ID., Carmen Moreno Benítez. Un camino hacia la plenitud. Madrid 2001.

[110] Cf R. ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona..., pp. 178-186.

[111] Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, La gran persecución. España 1931-1939. Barcelona 2000, p. 376.

[112] R. ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona..., p. 64.